El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abordado este lunes en una entrevista en RAC1 la situación política tras la ruptura del diálogo entre el PSOE y Junts, defendiendo la continuidad de la agenda acordada y la necesidad de recomponer el espacio de negociación para resolver el conflicto político en Cataluña.
Sánchez reconoció abiertamente la dificultad del momento tras la suspensión del diálogo por parte de Junts. Recordó que el acuerdo alcanzado en Bruselas fue “una gran oportunidad”, al incluir avances en materia de identidad nacional catalana, promoción lingüística, financiación y una amnistía “total y efectiva” como punto de partida.
“Ese acuerdo abría la puerta a un diálogo profundo para resolver un conflicto político que viene de lejos”, afirmó el presidente.
El jefe del Ejecutivo asumió los incumplimientos que Junts reprocha al Gobierno, pero subrayó su compromiso de cumplir lo pactado. “La voluntad de negociar es inequívoca”, aseguró. Además, puso en valor el papel de Junts en avances como la ley de amnistía, el uso del catalán en el Congreso, la creación del segundo canal de RTVE en catalán o el impulso de comisiones parlamentarias como la de la Operación Cataluña.
Nuevas medidas aprobadas hoy por el Consejo de Ministros
Sánchez anunció que el Consejo de Ministros aprobará este lunes un real decreto ley con compromisos incluidos en el acuerdo con Junts. Entre ellos:
- Más flexibilidad para que ayuntamientos y diputaciones puedan invertir en proyectos financieramente sostenibles.
- Mayor plazo para que las empresas adapten sus sistemas de facturación digital.
El presidente avanzó también que en los próximos días se aprobará un fondo destinado a propietarios afectados por impagos de alquiler de jóvenes y familias vulnerables.
En materia de okupaciones, Sánchez aseguró que la proposición de ley sobre multirreincidencia impulsada por Junts “avanza bien”, y que su gobierno trabaja junto a la Generalitat y al Ayuntamiento de Barcelona para alcanzar “un acuerdo amplio esta misma semana”.
El líder socialista confirmó que la desclasificación de documentos de la denominada Operación Cataluña está ya en trámite parlamentario. Sobre las balanzas fiscales, explicó que el Gobierno está “afinando una metodología fiable” para ofrecer una cifra precisa de la relación fiscal entre Cataluña y el Estado. “Junts ha suspendido el diálogo en Suiza, pero mi responsabilidad es cumplir los acuerdos”, remarcó.
“Merece la pena seguir adelante”
Sánchez defendió que España se encuentra en los primeros pasos de un proceso que puede resolver “un conflicto político que arrastramos desde hace años”. Aunque admitió que “las conversaciones están rotas”, insistió en que su objetivo es reconstruir el espacio de entendimiento: “Necesito a todos los actores, también a Junts”.
Aun así, descartó que la situación pueda solucionarse ahora con un viaje inmediato a Bruselas o una llamada a Carles Puigdemont. Recordó además que la ley de amnistía ha sido avalada por la Comisión de Venecia, la Comisión Europea, el Tribunal Constitucional y el Abogado General del TJUE, lo que —dijo— refuerza la apuesta por la normalización política.
Reconocimiento del catalán, euskera y gallego en Europa
El presidente desveló que ha mantenido conversaciones con la canciller Angela Merkel sobre la situación de las lenguas cooficiales, con el objetivo de lograr su reconocimiento pleno en instituciones europeas durante la actual legislatura. España y Alemania han creado un grupo de trabajo que ya ha impulsado avances en las Escuelas Europeas y en organismos como el Comité Económico y Social Europeo.
Sobre los Presupuestos Generales del Estado de 2026, Sánchez se mostró confiado en que puedan aprobarse: “Son buenos para la economía, redistribuyen riqueza y representan mejor la realidad parlamentaria actual que los de 2023”. No renunciará a presentarlos: “Merecen la pena y los grupos se sentirán representados”.
Finalmente, Sánchez confirmó el acuerdo alcanzado con Esquerra Republicana: Cataluña podrá recaudar la totalidad de sus impuestos antes de que concluya la legislatura. Una medida que se enmarca en un nuevo sistema de financiación autonómica “más justo, multilateral y que reconoce la singularidad de cada territorio”.
