Esta propuesta está dirigida principalmente a quien la quiera escuchar. Es una iniciativa libre, sin dueño y sin ideología, abierta a cualquier formación que quiera escucharla y convertirla en una herramienta útil para la ciudadanía. No pertenece a nadie y es de todos: nace de una necesidad real, urgente y ampliamente reconocida tanto por instituciones como por la propia sociedad civil, que lleva años reclamando más protección y acompañamiento frente al fraude digital.
La ciberdelincuencia se ha convertido en uno de los problemas de mayor crecimiento en la Comunitat Valenciana. Los datos del Ministerio del Interior muestran que la Comunitat se mantiene, año tras año, entre las tres comunidades con más delitos informáticos y estafas digitales denunciadas. Cada día, cientos de personas reciben mensajes falsos, enlaces engañosos, llamadas que imitan al banco o supuestas notificaciones de empresas de reparto. Lo que antes parecía un truco fácil de detectar hoy se ha transformado en un riesgo cotidiano que afecta por igual a mayores, jóvenes, familias y pequeñas empresas. En apenas unos segundos, un clic puede vaciar una cuenta, comprometer los datos personales o sembrar una angustia que dura semanas.
La mayoría de víctimas coinciden en una sensación: la soledad. Muchas no saben dónde acudir, qué pasos seguir o si alguien puede guiarlas para entender cómo ha ocurrido el fraude. Los trámites resultan confusos, la terminología técnica abruma y el miedo a haber cometido un error hace que muchas personas ni siquiera denuncien. En la Comunitat Valenciana (ni en España) no existe un servicio autonómico especializado que acompañe a quienes han sufrido una estafa digital, y eso deja un vacío que pesa sobre todo en personas vulnerables, autónomos y pymes que dependen de su actividad diaria para sostenerse.
En este contexto surge la propuesta que empieza a ganar impulso: la creación de la Agencia Valenciana de Ciberseguridad, Ciberdelincuencia y Apoyo a Víctimas de Ciberestafas. No se presenta como una decisión cerrada, sino como una idea abierta al debate, una invitación a reflexionar sobre la necesidad de un organismo que proteja a la ciudadanía en un entorno digital cada vez más agresivo. La propuesta señala que esta Agencia podría convertirse en un punto de apoyo real, un espacio donde cualquier persona afectada reciba ayuda técnica, asesoramiento jurídico claro y acompañamiento emocional. La idea no es solo reparar el daño, sino evitar que las víctimas vuelvan a caer en otro fraude, algo habitual cuando se sienten desorientadas y sin herramientas.
La iniciativa destaca también la importancia de la prevención. Muchos fraudes se evitarían con pequeñas pautas: desconfiar de enlaces sospechosos, no compartir códigos de verificación, confirmar identidades antes de enviar dinero o conocer las estafas más frecuentes. La Agencia, según sus impulsores, ofrecería formación gratuita para toda la sociedad, especialmente para mayores, jóvenes y pymes, quienes suelen ser los objetivos más habituales de los ciberdelincuentes. La educación digital, presentada de forma sencilla y accesible, sería una de las claves para reducir el impacto del cibercrimen.
Otro argumento central de la propuesta es la falta de coordinación entre instituciones. Hoy, bancos, fuerzas de seguridad, juzgados y administraciones actúan, en muchos casos, de forma paralela, sin un engranaje que facilite la comunicación y acelere las investigaciones. La Agencia serviría como puente entre todos estos actores, evitando que las víctimas tengan que repetir su caso una y otra vez sin obtener respuestas claras. Una coordinación real permitiría detectar patrones de fraude, frenar estafas masivas y mejorar la protección del tejido económico valenciano.
Pero la propuesta va más allá del ámbito digital. Plantea un enfoque global de seguridad pública que incluye un portal de datos abiertos sobre ciberestafas, simulacros anuales de ciberataques y un refuerzo de mediadores y educadores comunitarios para apoyar a los municipios. La idea de fondo es construir una Comunitat Valenciana más preparada, más informada y más humana, donde la tecnología no sea una amenaza, sino una herramienta segura para vivir y trabajar.
Quienes defienden esta iniciativa recuerdan que el fraude digital ya forma parte de nuestra vida cotidiana, y que la sensación de desprotección no puede normalizarse. Insisten en que esta decisión debe ser colectiva: instituciones, expertos, ayuntamientos, asociaciones de víctimas, empresas y ciudadanía deben participar en la discusión para valorar si una Agencia de estas características es la respuesta adecuada. El objetivo es que nadie quede atrás, especialmente los colectivos que más sufren el impacto de la ciberdelincuencia. Nuestros mayores.
La propuesta está sobre la mesa y la pregunta es clara: ¿seguiremos enfrentando solos a los ciberdelincuentes, caso por caso, o construiremos un sistema de protección público y eficaz que cuide de todos? En un mundo donde un engaño puede llegar en cualquier momento, la respuesta podría marcar la diferencia entre sentir miedo… o sentir seguridad.
