La instrucción judicial sobre la tragedia de la dana del 29 de octubre de 2024 entra en una fase crítica de contrastes. La magistrada Nuria Ruiz Tobarra ha estimado la petición de la acusación popular (ejercida por Acció Cultural del País Valencià) y ha citado a un careo presencial a la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y al que fuera secretario autonómico de Comunicación, José Manuel Cuenca. El objetivo: resolver las «graves inexactitudes» y contradicciones sobre quién dio las órdenes y cómo se gestionó la comunicación con el President de la Generalitat durante las horas más dramáticas de la emergencia.
La decisión de la jueza se fundamenta en el choque frontal de versiones. Por un lado, Pradas aportó un acta notarial con mensajes de WhatsApp para respaldar su postura; por otro, Cuenca calificó esos mismos mensajes de «descontextualizados» en su segunda declaración judicial. La magistrada subraya que la versión de la investigada no puede ser una «amalgama» de declaraciones a medias, por lo que exige que la coherencia de su relato se ponga a prueba frente al testigo en sede judicial.
El punto de fricción más sensible de esta diligencia es determinar si existió una orden de aislar informativamente a Carlos Mazón. La acusación, dirigida por el letrado Manolo Mata, considera «especialmente relevante» aclarar si es cierto que Cuenca instruyó a la entonces consellera para que «no molestara al president» y canalizara toda la información exclusivamente a través de su gabinete. Este detalle es vital para la causa, dado que la ley establece que el jefe del Consell es la máxima autoridad y quien puede impartir instrucciones directas en situaciones de emergencia.
Cuenca, obligado
Pese a que la diligencia ya ha sido acordada, su ejecución real pende de un hilo legal. Al tratarse de una confrontación entre un testigo y una investigada, la ley obliga a Cuenca a participar, pero permite a Pradas acogerse a su derecho a no declarar. No se sabrá si la exconsellera aceptará el envite hasta el mismo momento en que se abra la sesión, una cita que busca arrojar luz sobre aspectos «absolutamente esenciales» de la investigación que hasta ahora permanecen en la sombra.
Mientras se fija la fecha del careo, la instrucción pone el foco en otros actores de la administración valenciana. Tanto ACPV como Compromís han solicitado que la Abogacía de la Generalitat aclare si fue requerida en algún momento de aquel 29 de octubre para emitir valoraciones jurídicas o dictámenes urgentes sobre las medidas a adoptar. La acusación busca confirmar si el equipo de Presidencia o la Conselleria de Justicia consultaron legalmente los pasos a seguir mientras la situación se desbordaba, una respuesta que la magistrada todavía tiene pendiente resolver.
