Miles de agricultores y ganaderos procedentes de los 27 Estados miembros de la Unión Europea han tomado hoy las calles del centro neurálgico de Bruselas en una movilización histórica que marca un punto de inflexión en las relaciones entre el sector primario y las instituciones comunitarias. Coincidiendo con la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno y con la partida de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hacia Brasil para ultimar el acuerdo comercial con Mercosur, cerca de 20.000 asistentes (según AVA-ASAJA, otras fuentes confirman una cifra de 10.000, de los que 500 son españoles). En marzo, los principales colectivos implicados y la Generalitat Valenciana mostraron su disconfirmidad con estas negociaciones firmando un documento conjunto.
han clamado contra lo que consideran una «sentencia de muerte» para la soberanía alimentaria del continente. Esta protesta, coordinada por primera vez de forma conjunta por las 40 organizaciones más representativas bajo el paraguas del Copa-Cogeca, busca frenar una deriva política que, según denuncian los manifestantes, prioriza los intereses geopolíticos y comerciales sobre la viabilidad de las explotaciones familiares.
La delegación española ha tenido un papel protagonista con el desplazamiento de medio millar de productores representados por las organizaciones Asaja, COAG y UPA, quienes han trasladado a la capital belga el malestar acumulado por la falta de rentabilidad y el exceso de burocracia. Desde el sector se alerta de que la integración de la agricultura en un fondo único dentro del nuevo Marco Financiero Plurianual 2028-2034 supondría una «renacionalización» encubierta de las ayudas, poniendo en riesgo la cohesión territorial y las rentas de miles de familias. Los manifestantes han recorrido estratégicamente las sedes de la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo para exigir una Política Agrícola Común fuerte, con presupuesto propio y que no sea sacrificada para financiar deudas externas o el incremento del gasto militar.
El fantasma de Mercosur y la crisis del sector arrocero
Uno de los puntos de mayor fricción durante la jornada ha sido el inminente cierre del acuerdo con Mercosur, que los productores califican de hipócrita al permitir la entrada de productos que no cumplen con los estrictos estándares sanitarios y ambientales exigidos en Europa. El sector arrocero valenciano ha sido especialmente vocal en este sentido, denunciando que la apertura del mercado a otras 60.000 toneladas de arroz importado hundirá los precios y agravará la desprotección frente a plagas que ya no cuentan con soluciones químicas autorizadas en la UE. Según los representantes de AVA-ASAJA presentes en la marcha, esta competencia desleal no solo arruina a los productores locales, sino que pone en peligro la continuidad de ecosistemas estratégicos y la propia seguridad alimentaria de los consumidores europeos.
En el plano económico, las organizaciones agrarias han presentado cifras alarmantes sobre el impacto que tendría la propuesta presupuestaria de Bruselas, que contempla un recorte del 20% en los fondos de la PAC. Para el caso específico de España, COAG estima que esta pérdida de recursos ascendería a unos 900 millones de euros anuales, un golpe que terminaría repercutiendo inevitablemente en el bolsillo de los ciudadanos. Se calcula que el debilitamiento del tejido productivo nacional y el aumento de la dependencia de las importaciones podrían encarecer la cesta de la compra hasta en 500 euros anuales por hogar, convirtiendo la crisis del campo en un problema social de primera magnitud que afecta a la estabilidad económica de todas las familias.
Al término del recorrido, el presidente de ASAJA, Pedro Barato, ha lanzado un mensaje contundente a la presidenta Von der Leyen, exigiéndole que cese el «sacrificio» de la agricultura europea en favor de pactos comerciales que empobrecen al sector primario. Barato ha criticado duramente el aumento de las exigencias medioambientales mientras se recortan los incentivos económicos, señalando que la realidad actual es la de una agricultura con «más papeles y menos agricultores». El líder agrario ha advertido de que la movilización de hoy es solo el inicio de un calendario de protestas que se intensificará en los primeros meses de 2026, cuando el campo español prevé volver a salir masivamente a las calles si no se producen cambios estructurales en la negociación presupuestaria.
Las tres grandes demandas que han unificado a las delegaciones de los 27 países se resumen en una PAC bien financiada, reciprocidad en el comercio internacional mediante cláusulas espejo y una simplificación normativa que aporte seguridad jurídica. Los agricultores exigen que cualquier acuerdo con terceros países garantice estándares de producción equivalentes a los europeos, evitando que el mercado comunitario se inunde de productos que compiten con ventaja por sus menores costes sociales y ambientales. La sensación de «rebelión» que ha impregnado la marcha refleja el hartazgo de un colectivo que se siente ignorado por una burocracia bruselense que, a su juicio, legisla desde despachos alejados de la realidad diaria de las granjas y los cultivos.
La jornada ha concluido con la advertencia de que las organizaciones agrarias valorarán los resultados de la cumbre de líderes europeos antes de anunciar sus próximos pasos. La marcha, que se ha desarrollado sin incidentes graves a pesar de la tensión latente, deja clara la determinación de un sector que se niega a ser la moneda de cambio en las negociaciones de libre comercio y la política de defensa común. Mientras la presidenta de la Comisión viaja hacia Brasil, el campo europeo se queda a la espera de respuestas concretas que garanticen que la sostenibilidad ambiental no se consiga a costa de la desaparición definitiva de los productores locales.
