La posibilidad de que el socialismo extremeño facilite con su abstención un ejecutivo en solitario del Partido Popular ha quedado prácticamente descartada tras los últimos movimientos en Madrid. A pesar de las voces históricas que, como la del expresidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra, sugerían permitir la investidura de María Guardiola para evitar la entrada de Vox en las instituciones, la dirección estatal del PSOE y el propio Gobierno de España han enfriado drásticamente esta opción. Desde el Palacio de la Moncloa se argumenta que, más allá de la estructura formal del gabinete, la candidata popular mantendría una agenda política indistinguible de la que propone la formación de Santiago Abascal.
La nueva portavoz del Ejecutivo central, Elma Saiz, ha trasladado la responsabilidad última de cualquier decisión a la militancia de la región, aunque sus palabras han ido acompañadas de una dura crítica a la estrategia de los populares. Para el equipo de Pedro Sánchez, la convocatoria anticipada de los comicios ha terminado por volverse en contra de Guardiola, quien buscaba una mayor autonomía y ahora se encuentra, paradójicamente, más vinculada a sus socios potenciales. En la práctica, el rechazo del Gobierno a este movimiento cierra la puerta a una solución que no pase por el bloque de la derecha.
En el bloque opuesto, la dirección nacional de Alberto Núñez Feijóo no parece interesada en buscar el auxilio de las filas socialistas. Con el convencimiento de que el electorado extremeño ha demandado mayoritariamente un cambio de signo político, el Partido Popular se inclina ahora por normalizar la interlocución con Vox. Esta postura supone un cambio radical respecto a la resistencia que la propia Guardiola mostró en el pasado, cuando intentó fijar distancias insalvables con la formación de extrema derecha antes de verse obligada a rectificar.
Génova y los bloques
La lectura que se hace desde la calle Génova es que la presencia de Vox en la ecuación ya no supone un lastre electoral ni actúa como un elemento movilizador para la izquierda, dada la pronunciada caída del apoyo al PSOE en la reciente cita con las urnas. Bajo esta premisa, la cúpula del PP presiona para que se logre un acuerdo de gobernabilidad estable sin imponer «líneas rojas» previas. La presidenta en funciones, habiendo asimilado la experiencia de procesos anteriores, afronta ahora las conversaciones con una flexibilidad total que allana el camino para un pacto de coalición.
El desenlace de la crisis extremeña parece encaminarse hacia una consolidación de los bloques ideológicos, donde la vía del entendimiento transversal ha perdido toda su fuerza. Las fuentes gubernamentales insisten en que el PP es el único responsable de la situación actual por haber forzado un escenario donde la dependencia de la extrema derecha era un riesgo previsible. Por su parte, los populares consideran que el mandato de las urnas es nítido y que intentar pactar cualquier salida con el actual PSOE de Sánchez carece de viabilidad política.
Con esta parálisis de la opción abstencionista, Extremadura se convierte una vez más en el laboratorio de las relaciones entre la derecha y la extrema derecha en España. El giro en la estrategia de los populares, que ahora ven con menos prevención el crecimiento de sus socios si este va acompañado de una subida propia, marca el inicio de una nueva etapa en la política regional. Mientras tanto, el socialismo intenta digerir un descalabro electoral que ha dejado a sus cuadros locales con un margen de maniobra muy reducido frente a las directrices que llegan desde la capital.
