La resaca política de la catástrofe en Valencia se ha desplazado de las calles a las sedes parlamentarias y judiciales, donde el Partido Popular y el PSPV-PSOE mantienen un enfrentamiento abierto por la transparencia de lo sucedido aquel 29 de octubre. Mientras los populares reivindican su total colaboración con la magistrada que instruye la causa, los socialistas han elevado el tono tras detectar lo que consideran una estrategia de obstruccionismo deliberado en las instituciones autonómicas. Esta batalla por el relato se libra ahora a través de informes técnicos y registros de comunicaciones que, según cada bando, apuntan a responsabilidades cruzadas.
Desde la dirección del PPCV se insiste en que su formación ha actuado con «altura de miras» al entregar voluntariamente actas notariales y mensajes privados de sus dirigentes. El secretario general de los populares valencianos, Carlos Gil, ha instado este viernes directamente a los miembros del Gobierno central y a la actual ministra Diana Morant a seguir el mismo camino de apertura. Según un comunicado, para el PP, el foco debe ponerse también en la actividad de la delegación del Gobierno y el Ministerio de Transición Ecológica durante las horas críticas, argumentando que los movimientos de los cargos populares ya son de dominio público mientras que la actividad de los responsables socialistas permanece bajo un manto de discreción.
Por su parte, el socialismo valenciano ha presentado pruebas que sugieren una maniobra de ocultación dentro de la propia Conselleria de Emergencias. A través de la comparación entre preguntas parlamentarias y documentos aportados al juzgado de Catarroja, el PSPV afirma haber constatado que el conseller Juan Carlos Valderrama denegó información detallada al grupo socialista a pesar de contar con informes internos que contenían las respuestas. Esta supuesta vulneración de los derechos de control parlamentario afectaría a datos sensibles, como los horarios de acceso de las autoridades al centro de mando y la gestión de las cámaras de seguridad del recinto.
Guerra de informes técnicos
La diputada Alicia Andújar ha calificado esta actitud de «intolerable» y ha exigido la destitución inmediata de Valderrama, acusándole de actuar como escudo para proteger la gestión del anterior gabinete. Según la denuncia socialista, el conseller apeló a la Ley de Transparencia para no facilitar datos que sus propios técnicos ya habían preparado y documentado con mapas y fotografías. En un comunicado del pasado 21 de diciembre, los socialistas argumentan que esta falta de sintonía entre los informes de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias y las contestaciones oficiales firmadas por el conseller ha encendido los ánimos en un momento en el que la reconstrucción económica también genera fricciones.
En el plano financiero, la tensión se traslada a la interpretación de la Sindicatura de Comptes. La portavoz de Economía del PP en las Cortes Valencianas, Mari Carmen Contelles, ha lamentado que el Estado no esté facilitando ayudas directas, sino préstamos que la Generalitat deberá reintegrar, lo que definen como un «hachazo» a las arcas autonómicas. Los populares denuncian que la infrafinanciación crónica de la Comunitat se ha visto agravada por las necesidades de la reconstrucción, acusando al PSPV de plegarse a las directrices de Madrid en lugar de defender los recursos que corresponden al territorio valenciano para servicios básicos como sanidad y educación.
Este escenario de desconfianza mutua se encamina hacia una cita clave en el calendario: las próximas comparecencias judiciales de enero. El intercambio de reproches sobre quién ocultó información o quién facilitó más datos de los requeridos marca una agenda política donde la gestión de la emergencia ha dejado de ser una cuestión técnica para convertirse en un pulso de legitimidad entre las dos principales fuerzas de la Comunitat Valenciana.
Imagen: Carlos Gil (PP).
