La Comisión Europea ha reafirmado su compromiso con el sector agrario como pilar de la soberanía alimentaria y la autonomía estratégica de la Unión Europea, al tiempo que ha defendido la aprobación del acuerdo comercial entre la UE y Mercosur como una herramienta clave para fortalecer la competitividad del sistema agroalimentario europeo.
Durante una reunión ministerial celebrada este lunes, el Ejecutivo comunitario subrayó que la Política Agraria Común (PAC) seguirá siendo el principal instrumento de apoyo al campo. En el próximo marco financiero se mantendrá un mínimo de 300.000 millones de euros destinados directamente a los agricultores, complementados con al menos un 10 % de los Planes Nacionales y Regionales de Asociación para el desarrollo rural, lo que supondrá cerca de 49.000 millones de euros, ampliables hasta 63.000 millones mediante instrumentos financieros adicionales.
Además, la Comisión propuso a los Estados miembros movilizar 45.000 millones de euros extra para apoyar a agricultores y comunidades rurales. A estas partidas se suman los fondos vinculados a competitividad e innovación, con 40.000 millones de euros destinados a biotecnología, bioeconomía, salud y agricultura.
En este contexto, Bruselas defendió el acuerdo con Mercosur, recientemente aprobado, como una pieza estratégica para mantener abiertos los mercados y reforzar la posición global del sector agroalimentario europeo. La Comisión destacó que el comercio internacional es un factor clave para reducir costes, generar empleo y asegurar la estabilidad del sector, subrayando que las preocupaciones de los agricultores forman parte central de la política comercial comunitaria.
Según los datos presentados, en 2024 las exportaciones agroalimentarias de la UE alcanzaron los 235.000 millones de euros, con un superávit de 64.000 millones, y sostienen alrededor de tres millones de empleos. Bruselas insistió en que acuerdos como el de Mercosur deben ir acompañados de una aplicación estricta de las normas europeas para garantizar la reciprocidad y la competencia justa.
Fertilizantes y simplificación normativa
La Comisión alertó de que los costes de los fertilizantes siguen siendo un 60 % más elevados que en 2020, pese a la estabilización de precios. Para paliar esta situación, anunció la propuesta de suspender temporalmente los arancelessobre productos clave como el amoniaco y la urea, una medida que podría entrar en vigor en 2026 y compensar el impacto del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM).
En paralelo, Bruselas avanza en la simplificación normativa mediante una propuesta ómnibus en materia alimentaria y fitosanitaria, destinada a reducir cargas administrativas y acelerar la autorización de productos menos peligrosos. Estas medidas podrían suponer un ahorro anual de 1.000 millones de euros para agricultores, industria y administraciones públicas.
La Comisión reiteró que ningún producto prohibido en la UE debe regresar a través de importaciones, un principio que se reforzará con mayores controles fronterizos, más inspecciones en terceros países y la formación de funcionarios especializados. Entre las primeras medidas, se prevé fijar en “cero técnico” los residuos de varias sustancias activas prohibidas, a la espera de la aprobación de los Estados miembros.
Con este conjunto de iniciativas, Bruselas busca equilibrar apertura comercial, protección del sector agrario y sostenibilidad, situando al acuerdo con Mercosur como uno de los pilares de su estrategia económica y agrícola.
AVA-ASAJA, en contra
Por su parte, el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, denuncia que “la UE nos ha vuelto a vender en tierra plana. Este acuerdo comercial, como tantos otros, utiliza la agricultura como moneda de cambio. Sin exigir reciprocidad a las importaciones sudamericanas, fomenta más competencia desleal que expulsará a los agricultores y ganaderos valencianos, ya que será la gota que colma el vaso. Y cuando desaparezcan los productores, la factura la pagarán los consumidores, con una cesta de la compra más cara, de menor calidad y más contaminante”.
Además, el presidente de ASAJA Nacional, Pedro Barato, insiste en que la organización no rechaza los acuerdos comerciales, pero sí aquellos que se firman sin igualdad de condiciones. “Si en Europa se nos exige cumplir normas muy estrictas en sanidad, sostenibilidad, bienestar animal o uso de fitosanitarios, esas mismas exigencias deben aplicarse a los productos que llegan de fuera. Si no, estamos ante una competencia claramente desleal”, ha señalado.
En un comunicado, AVA-ASAJA advierte de que el acuerdo permite la entrada en el mercado europeo de productos elaborados con sustancias prohibidas en la UE, como determinados fitosanitarios o carne producida con hormonas de crecimiento, cuya trazabilidad y control no están plenamente garantizados, tal y como reconocen incluso las propias autoridades comunitarias.
La organización considera que esta decisión pone en riesgo la viabilidad de miles de explotaciones, especialmente en sectores valencianos como la ganadería, el arroz, los cítricos o la miel. AVA-ASAJA recuerda además que incluso los sectores que podrían verse beneficiados, como el aceite de oliva o el vino, no podrán aprovechar el acuerdo a corto plazo, debido a largos periodos transitorios antes de la plena liberalización.
