La XXVIII Interparlamentaria del PP celebrada este fin de semana en A Coruña ha servido al PP valenciano par ‘cargar pilas’ de cara al nuevo año recién estrenado. El secretario general del PPCV, Carlos Gil, ha destacado la amplia representación de la Comunitat Valenciana en el evento. “La importancia de la delegación de la Comunitat Valenciana radica en la cantidad y la fuerza que el PP tiene en nuestra comunidad y que esa fuerza se hace presente también en el Partido Popular a nivel estatal. Estamos aquí para trabajar y traer la voz de los valencianos al bienestar de los españoles”.
Gil ha explicado que estas son unas “jornadas de trabajo para abordar los principales problemas de los españoles, la economía, la vivienda, el empleo, la seguridad y todo aquello que preocupa de verdad a la gente para que el Partido Popular tenga un mensaje único. Se trata de consensuar los niveles de la administración y del Gobierno, tanto a nivel autonómico como estatal, europeo, e incluso en el ámbito provincial”.
El secretario general del PPCV ha destacado que “somos el único partido que tiene un mismo mensaje en cualquier territorio, que trabaja de una forma cohesionada y esta jornada nos permite llevar a cabo esta función. Tenemos por delante un reto importantísimo en todas las materias de cohesión del Estado, también ahora con la financiación autonómica. Nosotros tenemos que trabajar para que, al final, todas las comunidades, en especial la Comunitat Valenciana, salga más beneficiada que perjudicada, como ha estado hasta ahora desde hace ya muchos años y que necesitamos remontar esa cuestión”. El objetivo de la XXVIII Interparlamentaria es fijar la hoja de ruta del partido centrada en «problemas reales» de los ciudadanos como la vivienda, el empleo o la seguridad.
En este sentido, los populares han exigido un «rearme institucional» frente a la colonización de empresas públicas y la politización de la Fiscalía General. Han recordado que el origen de la trama de corrupción que acorrala al Ejecutivo se sitúa en el socialismo navarro, un modelo que, según denuncian, se ha exportado a nivel nacional para debilitar los contrapesos democráticos y erosionar la confianza de los ciudadanos en el Estado de derecho.
Igualdad y regeneración democrática
A nivel nacional, la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, ha subrayado que este objetivo trasciende las ideologías para centrarse en la defensa del Estado de derecho. Gamarra, que ha coordinado la mesa de trabajo bajo el lema “Por lo importante: un Gobierno limpio”, ha insistido en que España sufre actualmente una «triple quiebra» que afecta a los poderes legislativo y judicial, así como al propio concepto de Nación.
En el encuentro han participado figuras clave del partido, como Cayetana Álvarez de Toledo y Antonio Silván, junto a eurodiputados y portavoces autonómicos de Canarias, Madrid, Cataluña y Navarra. Los ponentes han coincidido en señalar que el proyecto de Alberto Núñez Feijóo representa un «rearme ético y moral» frente a lo que consideran una deriva totalitaria del actual Ejecutivo. En este sentido, han denunciado que el sanchismo busca concentrar el poder mediante el bloqueo de las instituciones y el ataque sistemático a la independencia judicial.
Un Gobierno bajo sospecha
Los miembros de la mesa han sido especialmente críticos con la gestión de Pedro Sánchez, a quien acusan de intentar someter al Poder Judicial a través de las denominadas ‘leyes Bolaños’ para garantizar la impunidad del entorno del presidente. «Todo lo que le rodea es delito y es su única forma de escapar de la Justicia», han aseverado los intervinientes, quienes también han recordado la situación «inaudita» de un Fiscal General del Estado cuestionado por sus maniobras políticas.
Asimismo, se ha denunciado el bloqueo sistemático de las iniciativas aprobadas en el Senado, un total de 39 propuestas que, según el PP, el Gobierno mantiene «en un cajón» para anular el contrapeso legislativo de la Cámara Alta. Esta erosión de la confianza ciudadana se ve agravada, según los populares, por la «colonización» de empresas públicas y el uso de las instituciones para fines partidistas.
Frente a esta situación, el Partido Popular ha reafirmado su compromiso con la defensa de la Corona y la abolición de la Ley de Amnistía. Los ponentes han reivindicado la necesidad de reconstruir la neutralidad institucional y la igualdad ante la ley, principios que consideran «no negociables». También han tenido palabras de apoyo para la oposición venezolana, reivindicando la figura de María Corina Machado y criticando la postura del Gobierno español respecto a la liberación de presos políticos en el país caribeño.
