Los principales agentes sociales de la Comunitat Valenciana han roto su silencio para reclamar a los partidos políticos un ejercicio de responsabilidad histórica ante la propuesta de nuevo modelo de financiación presentada por el Gobierno central. En un comunicado conjunto emitido este jueves, la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) y los sindicatos UGT-PV y CCOO-PV han instado a las formaciones con representación parlamentaria a abrir un «debate sereno, riguroso y constructivo» que permita perfeccionar el sistema. Tras años de movilizaciones en las calles, la patronal y los sindicatos consideran que, aunque la propuesta es «buena» y supone un avance sustancial, es imperativo alcanzar consensos que garanticen un trato justo y equitativo para la sociedad valenciana, alejando la reforma de la crispación y la polarización política que ha marcado los últimos meses. Ayer te contamos que el Consell califica de ‘chantaje’ la propuesta de María Jesús Montero.
Esta toma de posición se ha producido tras una jornada de análisis técnico en la que el presidente de la CEV, Vicente Lafuente, y los secretarios generales de CCOO-PV, Ana García, y de UGT-PV, Tino Calero, se han reunido con la ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant. Según las estimaciones que maneja el Ministerio de Hacienda, la Comunitat Valenciana podría experimentar un alivio financiero sin precedentes, con un incremento de recursos cifrado en 3.669 millones de euros para el año 2027 en comparación con los datos de 2023. Esta inyección de capital permitiría a la autonomía abandonar el «furgón de cola» de la financiación por habitante ajustado y, sobre todo, dar respuesta al déficit de 2.500 millones con el que la Generalitat cerró el pasado ejercicio de 2024, consolidando así el sistema de bienestar y el apoyo al tejido productivo.
Unidad contra la infrafinanciación
Es el mensaje principal que han querido trasladar los representantes de los trabajadores y del empresariado al Consell y al resto de comunidades autónomas. Tino Calero, líder de UGT-PV, ha calificado la propuesta como «una oportunidad histórica» que mejora sustancialmente los recursos disponibles para servicios públicos, mientras que García (CCOO-PV) ha pedido «altura de miras» para no dejar pasar un tren que la autonomía lleva décadas reclamando. Por su parte, Vicente Lafuente ha reconocido que, si bien el origen de la propuesta tras las negociaciones con ERC puede haber generado dudas en las formas, esto no debe desvirtuar el fondo de un documento que por fin pone cifras y soluciones sobre la mesa para resolver un problema estructural.
Para los agentes sociales, el incremento potencial de la financiación es una condición necesaria pero no suficiente si no se acompaña de medidas inmediatas que alivien la presión financiera actual. Por ello, han reclamado que la negociación incluya de forma irrenunciable la creación de un fondo de nivelación transitorio que funcione hasta que el nuevo modelo sea una realidad jurídica. Este mecanismo evitaría que se perpetúe la situación de desigualdad que padece la autonomía en comparación con la media nacional. Asimismo, patronal y sindicatos exigen que se afronte con valentía el saneamiento de la deuda autonómica, solicitando formalmente la condonación de la parte de la deuda histórica que se ha generado directamente por los años de infrafinanciación acumulada bajo el modelo de 2009.
La jornada con Morant ha servido para que los agentes económicos pongan en valor que, después de muchísimo tiempo saliendo a la calle bajo el lema de la justicia financiera, existe una propuesta real sobre la que trabajar. La CEV ha hecho un llamamiento explícito a «romper» con las confrontaciones estériles y a practicar una política «útil y realista». El empresariado valenciano advierte que la sociedad no entendería que el rédito partidista se antepusiera al interés general en un momento donde la suficiencia financiera de la Generalitat está en juego. Los sindicatos coinciden en que el nuevo modelo debe ser el instrumento para blindar la sanidad y la educación pública, además de ofrecer una plataforma de estabilidad para las empresas valencianas.
Finalmente, el documento conjunto insta a todas las fuerzas políticas a abandonar las «posiciones maximalistas» que bloquean el avance parlamentario. El objetivo final, según UGT, CCOO y la CEV, es que la Comunitat Valenciana se equipare definitivamente a la media de las comunidades autónomas españolas, garantizando la solidaridad interterritorial sin que ello suponga un perjuicio para el desarrollo local. Con la mirada puesta en 2027 y la necesidad de convertir esta propuesta en una Ley Orgánica, los agentes sociales valencianos se posicionan como un bloque sólido que vigilará que el proceso de debate en el Congreso no diluya las aspiraciones de una autonomía que, por primera vez en lustros, ve una salida técnica y económica a su asfixia presupuestaria.
Imagen. Cuenta de X de la CEV.
