La soberanía tecnológica y la capacidad de competir en un mercado global dominado por gigantes norteamericanos y asiáticos dependen, en gran medida, de la agilidad del marco regulatorio que rige las infraestructuras críticas. En este sentido, la Comisión Europea ha puesto en marcha la Ley de Redes Digitales para centralizar y acelerar la inversión en fibra y 5G mediante una simplificación administrativa que busca unificar el fragmentado mapa de las telecomunicaciones en el continente. Esta propuesta normativa, que sustituirá al Código de 2018, aspira a eliminar las barreras burocráticas que actualmente lastran a los operadores, permitiendo que una empresa pueda ofrecer servicios en toda la Unión Europea con un registro único en un solo Estado miembro.
La reflexión sobre el papel de las instituciones comunitarias en la era digital pasa por entender que la conectividad ya no es un servicio complementario, sino un pilar de la competitividad económica y la seguridad nacional. Al armonizar las normas entre los Veintisiete, Bruselas pretende crear un entorno de seguridad jurídica que incentive a las operadoras a desplegar redes avanzadas sin el temor a regulaciones nacionales contradictorias. Esta estrategia se complementa con una apuesta por la comunicación satelital y una gestión más eficiente del espectro radioeléctrico, otorgando licencias más largas y renovables que permitan a las compañías planificar sus inversiones a largo plazo en un entorno de certidumbre financiera.
El nuevo texto legal introduce un mandato claro para que los Estados miembros aceleren el apagón de las viejas redes de cobre, exigiendo la creación de planes nacionales para la transición definitiva hacia la fibra óptica y las redes móviles de última generación. Esta medida no solo busca mejorar la velocidad de conexión, sino también reducir el impacto ambiental y los costes de mantenimiento de infraestructuras obsoletas. Para facilitar este proceso, la Ley de Redes Digitales reducirá drásticamente los requisitos administrativos, permitiendo que los recursos económicos de las empresas se desvíen de la gestión burocrática hacia la innovación y la seguridad de la red.
A pesar de este impulso a la liberalización y la cooperación voluntaria entre proveedores de red y empresas de servicios digitales, la propuesta de la Comisión mantiene como línea roja el principio de neutralidad de la red. Esto garantiza que los proveedores de servicios de internet deban tratar todo el tráfico por igual, evitando la creación de «vías rápidas» de pago que podrían perjudicar a los consumidores o a las pequeñas empresas tecnológicas. La propuesta inicia ahora su tramitación en el Parlamento Europeo y el Consejo, perfilándose como la pieza clave del plan estratégico para la Década Digital de Europa con horizonte en 2030.
