¿Qué ha pasado con las pensiones? La subida de enero está garantizada. La de febrero, en cambio, está en el aire. La mayoría del Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado este martes el real decreto-ley del Ejecutivo que contemplaba una subida de las pensiones del 2,7% para el ejercicio 2026. La votación, que se ha saldado con 178 votos en contra frente a 171 a favor, supone un duro revés legislativo para el Gobierno de coalición, que ha visto cómo el bloque formado por el Partido Popular, Vox y Junts per Catalunya repetía la estrategia de bloqueo de hace un año y echaba por tierra el llamado ‘escudo social’. El resultado deja en el limbo no solo la mejora de las prestaciones para más de 13 millones de beneficiarios, sino también un paquete de medidas sociales que incluía la ampliación del bono social eléctrico y la suspensión de desahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha sido el encargado de defender la postura del Gobierno.
El Ejecutivo ha confirmado su intención de intentar una segunda aprobación mediante un nuevo decreto, siguiendo el precedente del año pasado cuando, tras un primer rechazo, la Cámara terminó convalidando la norma una vez presentada de forma independiente. Sin embargo, el ambiente en el hemiciclo ha sido de máxima tensión, sin los aplausos que habitualmente acompañan a las votaciones de calado y con acusaciones cruzadas de «chantaje» por parte de la oposición y de «irresponsabilidad» por parte del gabinete ministerial.
El principal punto de fricción durante el debate ha sido la decisión del Gobierno de incluir en un mismo paquete la revalorización de las pensiones con la prórroga de la prohibición de desahucios. Esta medida, dirigida exclusivamente a grandes tenedores con más de diez viviendas, ha sido tachada por las derechas de incentivo a la ocupación, a pesar de que el texto contempla un fondo de compensación estatal de 300 millones de euros para los propietarios afectados. Desde el Partido Popular, Juan Bravo ha criticado lo que considera una «falta de respeto al Parlamento» al mezclar asuntos de diversa naturaleza, advirtiendo que el Gobierno es el único responsable de poner en peligro el poder adquisitivo de los pensionistas.
El propio líder de la oposición y presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado en su cuenta de X que «el Gobierno quería que los mayores eligieran entre su pensión y su casa. El PP cree que tienen derecho a las dos cosas, y la mayoría del Congreso también. Sánchez tiene nuestra proposición de ley para subir las pensiones registrada desde noviembre. Que tramite este tema en exclusiva como le ha pedido la Cámara, y deje de convertir a los pensionistas en rehenes de la inquiokupación».
Advertencias de los aliados
La estrategia de los decretos ómnibus no solo ha levantado ampollas en la oposición, sino que ha generado grietas visibles en el bloque de la investidura. El Partido Nacionalista Vasco, a través de Idoia Sagastizabal, ha dado un ultimátum al Ejecutivo tras votar a favor «por responsabilidad», asegurando que es la última vez que aceptarán un formato que les coloca ante el falso dilema de aprobar medidas controvertidas para no perjudicar las urgentes. En una línea similar se ha manifestado Coalición Canaria, que ha calificado la situación de «endiablada» debido a la amalgama de contenidos del texto legal.
Además de las pensiones, el decreto rechazado contenía exenciones fiscales vitales para los afectados por la dana y los grandes incendios forestales del pasado verano. El paquete incluía ayudas directas de la Generalitat Valenciana exentas de IRPF y medidas financieras para la recuperación de zonas devastadas. Grupos como Sumar, EH Bildu y ERC han cargado contra Junts y PP, acusándoles de «mentir» sobre el alcance de la protección habitacional y de ser los responsables directos de que millones de ciudadanos pierdan el acceso a descuentos de hasta el 57% en su factura eléctrica en un momento de vulnerabilidad energética.
Le ha seguido el debate de convalidación o derogación del Real Decreto-ley 17/2025, de 23 de diciembre, de medidas de promoción del uso del transporte público mediante la bonificación de abonos y títulos multiviaje, que ha quedado convalidado por 179 votos a favor, 32 en contra y 137 abstenciones. Por medio de esta norma se establece un sistema de ayudas al transporte público por carretera, urbano y ferroviario con el objetivo de facilitar el acceso de jóvenes y niños y de afianzar la recuperación de viajeros tras la disminución de la demanda que provocó la crisis sanitaria de la COVID-19 y el aumento de los precios originados por la inflación.
