Tres dimisiones en una semana y dos funcionarios en la picota. El alcalde de Alicante,Luis Barcala, ha reaccionado este jueves con la apertura de un expediente informativo a dos técnicos del área de Urbanismo, señalados como beneficiarios directos de la promoción deViviendas de Protección Pública (VPP) «Les Naus». El anuncio se ha producido durante un pleno extraordinario de alta tensión, convocado específicamente para abordar las presuntas irregularidades en este residencial. Barcala ha justificado la medida como un paso necesario para «depurar las responsabilidades disciplinarias a que hubiera lugar» tras confirmarse que personal de la propia casa podría haber accedido a estos inmuebles destinados a familias vulnerables. La sesión ha culminado con una imagen de aislamiento político para el primer edil, después de que todos los grupos de la oposición —desde el PSOE hasta Vox— exigieran su dimisión inmediata.
El dirigente ‘popular’ que ha iniciado su intervención pidiendo disculpas a la ciudadanía por la «inquietud» generada, ha intentado delimitar la responsabilidad municipal exclusivamente a la licitación del suelo y la concesión de licencias. Según su versión, recogida por Esdiario, la fiscalización final de los adjudicatarios recae sobre la Generalitat, aunque ha admitido que la investigación interna ya salpica a «al menos dos familiares» de la exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez, y a la que fuera directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman. «No vamos a parar hasta que se sepa absolutamente todo», ha enfatizado el alcalde, tratando de tomar la iniciativa ante una oposición que le acusa de falta de vigilancia o complicidad. Sin ir más lejos, esta tarde ha dimitido el jefe de Gabinete de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Miguel Ángel Sánchez. Ya han rodado ‘tres cabezas’.
La gravedad del caso ha empujado al equipo de Gobierno a elevar el asunto al Ministerio Fiscal para que la Policía Judicial investigue posibles delitos allí donde la administración local no tiene competencias. El objetivo es identificar si otros funcionarios o cargos públicos, actuales o pasados, utilizaron información privilegiada para «quitar el derecho a una vivienda a personas que realmente la necesitaban«. De forma paralela a la vía judicial, el pleno ha aprobado la creación de una comisión municipal de investigación que auditará de arriba abajo el listado de beneficiarios de la cooperativa Les Naus.
Oposición y relevo
Pese a estos movimientos defensivos, los portavoces de la oposición han mantenido un tono de máxima dureza. Ana Barceló (PSOE) ha sostenido que Barcala «está bajo sospecha» por permitir un modelo de «negocio para los de siempre», mientras que Rafael Mas (Compromís) ha instado al alcalde a pedir en los juzgados la expropiación forzosa de los pisos a los «caraduras» que los ocupan. Por su parte, Vox ha centrado su ataque en Gómez, acusándola de faltar a la verdad en su declaración de bienes. El sentimiento generalizado de la oposición es que el alcalde debe asumir la responsabilidad política de un escándalo que ya ha trascendido el ámbito local.
Para intentar frenar la parálisis en la gestión, Barcala ha firmado este jueves el decreto que nombra a Antonio Peral como nuevo concejal de Urbanismo. Peral asume el mando de esta delegación crítica, además de la de Conservación de Inmuebles, tras la renuncia de Rocío Gómez el pasado martes. De momento, el nuevo responsable compaginará estas funciones con sus actuales carteras de Presidencia e Innovación, a la espera de una remodelación del organigrama municipal que permita la entrada de un nuevo concejal para completar el Grupo Popular.
Este relevo, de efectos inmediatos, busca blindar el departamento más afectado por la polémica mientras se avanza en la depuración de responsabilidades. La resolución municipal ya ha sido enviada al Boletín Oficial de la Provincia y se dará cuenta de ella en la próxima sesión ordinaria. Con Peral al frente de Urbanismo, el consistorio alicantino inicia una etapa de «control de daños» con la que pretende demostrar transparencia ante la Conselleria de Vivienda y la propia Fiscalía, en un intento por salvar la legislatura más convulsa de los últimos años. Por su parte, Vox también ha pedido la creación de una comisión de investigación en Les Corts sobre este asunto al igual que PSPV-PSOE y Compromís.
Imagen: Antonio Peral.
