El diputado del Partido Popular Fernando de Rosa ha alertado de la ausencia de una estrategia global para prevenir inundaciones en un contexto de temporales cada vez más severos que afectan a numerosas zonas del territorio. A su juicio, existe una “notable dejación” por parte del Gobierno a la hora de anticiparse a estos riesgos, pese a que su impacto sobre la población es cada vez mayor.
De Rosa ha señalado que, aunque las catástrofes naturales son imprevisibles, “los humanos debemos tener los mecanismos necesarios para evitar que esos riesgos pongan en peligro vidas personales”. En este sentido, ha criticado la falta de Presupuestos Generales del Estado, lo que, según ha explicado, impide planificar y ejecutar medidas de prevención con una lógica continuada y ordenada.
El diputado popular también ha cuestionado la actuación de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), al considerar que se está centrando en intervenciones en los márgenes del barranco del Poyo, cuando sería más eficaz aplicar soluciones en la cabecera. De Rosa ha recordado que no se puede asumir que la última gran obra hidráulica de envergadura se realizara hace más de 70 años, y ha reclamado una revisión profunda de las políticas de inversión y mantenimiento en este ámbito.
En relación con las inversiones estatales, ha indicado que el Ministerio de Transportes ha sido uno de los más inversores, aunque ha planteado la necesidad de analizar en qué actuaciones concretas se ha puesto el foco y si estas responden realmente a las necesidades de prevención y seguridad del territorio.
Por otro lado, De Rosa se ha referido a la investigación sobre promociones de vivienda protegida en la provincia de Alicante, destacando que la remisión del caso a la Fiscalía supone “un gran paso” para esclarecer responsabilidades. Ha valorado positivamente la reacción inmediata de la vicepresidenta de la Generalitat, al considerar que está permitiendo sacar a la luz posibles responsabilidades tanto de funcionarios como de cargos políticos.
El diputado ha subrayado que se trata de promociones privadas cuyo visado corresponde a la Generalitat Valenciana y ha defendido que la vicepresidenta ha actuado “de forma ejemplar”, al ser la responsable directa de la política de vivienda y asumir la iniciativa para esclarecer los hechos.
