El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se asoma al abismo ferroviario tras el tercer portazo consecutivo de los maquinistas a las propuestas de Óscar Puente para frenar la huelga de la próxima semana. Lo que debía ser un espacio de entendimiento se ha convertido en un laberinto sin salida donde el sindicato Semaf, junto a UGT y CC.OO., mantiene el pulso firme al considerar que el Gobierno sigue sin ofrecer compromisos tangibles que garanticen la seguridad operativa de la red, una línea roja innegociable tras los trágicos sucesos de las últimas semanas que han dejado al sector en un estado de máxima tensión y desconfianza.
La reunión de este viernes, que seguía a los intentos fallidos del miércoles y jueves, apenas ha servido para constatar que las posturas siguen alejadas a pesar de los ligeros matices introducidos por el titular de Transportes en su última oferta. Fuentes sindicales admiten que se ha producido algún avance con respecto a la batería de mejoras puramente laborales que Puente puso sobre la mesa inicialmente, pero recalcan que el núcleo del conflicto sigue intacto ya que los profesionales no buscan prebendas salariales, sino una reforma estructural de los protocolos de mantenimiento y seguridad que evite la repetición de escenarios catastróficos.
La sombra del siniestro de Adamuz, en Córdoba, planea sobre cada mesa de negociación desde aquel 18 de enero en el que la rotura de una soldadura provocó un choque mortal con 45 víctimas, funcionando como una alerta definitiva sobre problemas de mantenimiento que los maquinistas venían denunciando en privado durante meses. Esta crisis de confianza se vio agravada solo dos días después con la muerte de otro profesional en Cataluña tras el desprendimiento de un muro en el tramo de Rodalies entre Gelida y Sant Sadurní d’Anoia, lo que terminó de agotar la paciencia de un colectivo que se siente desprotegido frente a las deficiencias técnicas de la infraestructura.
A esta sensación de inseguridad se suma la indignación por la gestión política de la crisis, especialmente después de que el Ministerio intentara vincular las quejas de los maquinistas a su estado emocional tras el accidente de Adamuz en lugar de abordar los fallos técnicos denunciados. El resultado de este desencuentro es un plan de servicios mínimos que solo garantizará el 73% de la alta velocidad y un preocupante 21% en el transporte de mercancías, priorizando únicamente los envíos de materiales peligrosos y productos perecederos durante las jornadas de paro del 9, 10 y 11 de febrero.
Lentitud en el corredor
Mientras la huelga se perfila como inevitable, la degradación del servicio ya es una realidad cotidiana para los usuarios, especialmente en el corredor Madrid-Barcelona, donde Adif ha decidido prolongar hasta mediados de diciembre el aumento de los tiempos de viaje. Esta medida, que inicialmente iba a ser temporal, obligará a que los trayectos superen las tres horas y media de duración para que el gestor pueda realizar inspecciones exhaustivas y reparar las múltiples limitaciones de velocidad que han aflorado tras detectarse vibraciones sospechosas en varios tramos de la plataforma de alta velocidad.
Esta prolongación de los tiempos de viaje hasta el 13 de diciembre ha sido finalmente aceptada por operadores como Renfe, Ouigo e Iryo para poder organizar sus calendarios de venta con cierta estabilidad, aunque supone un retroceso histórico en la competitividad del tren frente al avión. En definitiva, el panorama ferroviario español se enfrenta a una semana de parálisis casi total que no solo afectará a los miles de pasajeros que verán cancelados sus trayectos, sino que deja en el aire la capacidad del Ministerio para recuperar la confianza de unos profesionales que se niegan a seguir circulando sin garantías de que la infraestructura soporte la velocidad exigida.
Imagen: Puente, en la reunión de este viernes con los sindicatos (Ministerio de Transportes).
