El presidente de la Confederación del Taxi de la Comunidad Valenciana, Fernando del Molino, ha justificado la convocatoria de movilizaciones del sector ante la “situación de hilo” en la que, asegura, se encuentran los profesionales tras la reciente sentencia del TSJC, que temen pueda derivar en una liberalización total de las VTC en la región.
Del Molino ha explicado que el conflicto se arrastra desde la primavera de 2025, cuando el sector detectó deficiencias en el decreto ley autonómico que regula las VTC. “Llevamos desde la primavera del 2025 sabiendo que hay un déficit en el decreto ley para la regulación de las VTC, donde la sentencia señala que como no hay una prohibición autonómica o municipal pueden realizar trabajos urbanos”, ha afirmado.
Ante esta situación, el presidente de la Confederación considera imprescindible una nueva norma con mayor solidez jurídica. “Creemos que lo oportuno es hacer una ley como Dios manda”, ha señalado.
La protesta convocada para el próximo 25 de febrero responde, según Del Molino, a la falta de avances concretos por parte del Consell. “No tenemos texto ni sabemos cuándo va a salir un decreto que regule una cuestión prioritaria para el sector, ya que hemos sido pacientes pese a que han pasado muchas reuniones”, ha lamentado.
El dirigente también ha advertido de cambios internos en el sector, señalando que “hay muchos asalariados del taxi que están pidiendo VTC porque así pueden cobrar lo que quieran”, en alusión a las diferencias en el modelo laboral entre ambos servicios.
No obstante, Del Molino ha rechazado el planteamiento de que las reivindicaciones busquen “proteger al taxi” como corporación. “No estamos de acuerdo con la frase de que hay que proteger al taxi, sino que hay que proteger a la ciudadanía y a los servicios públicos. Pueden existir VTC en función de las necesidades de cada territorio, pero el transporte por ciudad siempre lo debe hacer el taxi”, ha defendido.
El presidente de la Confederación ha advertido además de que la eventual aprobación de un nuevo decreto no resolvería automáticamente el conflicto. “Porque se apruebe ese decreto en el Consell no está todo hecho, porque habrá que validarlo. Si cubre el vacío y pone orden a la selva urbana que tenemos podremos seguir trabajando”, ha manifestado.
Del Molino ha denunciado también inseguridad jurídica en la práctica diaria. Según ha explicado, las VTC son sancionadas por realizar servicios urbanos, pero recurren las multas alegando que no existe una prohibición expresa, aunque tampoco cuentan con autorización específica. “Presentan vehículos para quedarse concursos públicos sin tener la autorización para hacer servicio urbano durante esos cuatro años”, ha asegurado.
Finalmente, ha apuntado a la desigualdad de recursos en el plano judicial. “La experiencia es que los abogados de la otra parte son muy fuertes y entran multinacionales con miles de millones de euros encima de la mesa”, ha afirmado, en referencia a las grandes plataformas que operan en el sector.
