El presidente Donald J. Trump anunció la semana pasada la revocación total de la «Declaración de Peligro» de 2009 y de los mandatos de protección al consumidor derivados de ella, calificándola como la medida desregulatoria más ambiciosa en la historia del país. Esta acción desmantela la base legal que, según la Casa Blanca, los demócratas utilizaron para imponer más de 1,3 billones de dólares en regulaciones que afectaron a familias y empresas. Con este paso, la administración busca reducir el precio de los bienes de consumo, eliminar los mandatos de vehículos eléctricos y potenciar la industria energética nacional.+1
Desde el Despacho Oval se defiende que esta decisión permitirá a las familias estadounidenses ahorrar un promedio de 2.400 dólares en la compra de vehículos nuevos, al eliminar características obligatorias que encarecían el mercado. La Casa Blanca sostiene que la medida no solo bajará los costes de transporte, sino que restaurará la libertad de elección del consumidor frente a una «agenda ambiental radical» que, a su juicio, había convertido a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) en un órgano de planificación económica centralizada.
Diversas organizaciones y líderes industriales han celebrado la medida como un retorno al sentido común. Michelle Bloodworth, presidenta de America’s Power, destacó que la normativa anterior amenazaba la fiabilidad de la red eléctrica al forzar el cierre prematuro de centrales de carbón. Por su parte, desde el America First Policy Institute, señalaron que Estados Unidos ha demostrado que puede mantener cielos y aguas limpios sin necesidad de mandatos climáticos «catastróficos» que aumentan la dependencia de competidores como China.
El administrador de la EPA, Lee Zeldin, será el encargado de supervisar esta nueva etapa en la que la agencia deberá operar estrictamente bajo la autoridad otorgada por el Congreso. Organizaciones como Americans for Tax Reform han calificado la jornada como una «victoria histórica» contra el estrangulamiento de la inversión. Pese a las previsibles impugnaciones legales de los sectores ambientalistas, la administración Trump se ha mostrado firme en su intención de combatir cualquier desafío jurídico para consolidar este cambio de rumbo en la política energética y económica del país. Puedes consultar el listado de opiniones en la web de la Casa Blanca.
