El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha propinado un golpe histórico a la agenda económica de Donald Trump al declarar, por una mayoría de 6 a 3, que el presidente se extralimitó en sus funciones al imponer gravámenes comerciales de forma unilateral. El fallo dictamina que la Administración abusó de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977, subrayando que la potestad para fijar aranceles e impuestos corresponde exclusivamente al Congreso y no puede ser ejercida de manera arbitraria por el Ejecutivo bajo el pretexto de una emergencia nacional. Esta sentencia no solo invalida gran parte de los aranceles vigentes, sino que retira al mandatario una de sus herramientas de presión internacional más potentes.
Visiblemente airado, el presidente Trump compareció en la Casa Blanca pocas horas después de conocerse el fallo para arremeter contra los jueces que votaron en contra de sus intereses, tildándolos de «perros falderos de la izquierda radical» y calificando la sentencia de «vergüenza nacional». Pese al varapalo judicial, Trump ha anunciado que no dará marcha atrás y ha firmado una orden ejecutiva para imponer un nuevo arancel global del 10% amparándose en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Esta vía legal le permite mantener los recargos durante un periodo de 150 días a la espera de una validación legislativa que el mandatario planea forzar mediante nuevas declaraciones de emergencia.
La estrategia de la Casa Blanca para sortear el bloqueo judicial pasa por una fragmentación de las tasas bajo distintos estatutos legales. Mientras el Supremo ha anulado los aranceles «recíprocos» basados en emergencias de seguridad nacional, el equipo jurídico de Trump sostiene que los gravámenes específicos sobre el acero y el aluminio (Sección 232) y las sanciones comerciales contra China (Sección 301) permanecen plenamente vigentes por responder a investigaciones técnicas previas. El presidente ha felicitado públicamente a los tres magistrados disidentes —Kavanaugh, Thomas y Alito—, a quienes ha erigido como defensores de la soberanía nacional frente a un tribunal que, según sus propias palabras, se ha dejado influir por intereses extranjeros.
La incertidumbre se traslada ahora a los mercados y a los socios comerciales de Estados Unidos, que ven cómo la «certeza» prometida por Trump se convierte en una batalla legal de largo recorrido. El uso de la Sección 122 plantea un desafío directo a la separación de poderes, ya que si el Congreso rechaza la medida, el Gobierno podría declarar nuevas emergencias de balanza de pagos para reiniciar el contador de 150 días de forma indefinida. Esta maniobra de «plan B» busca mantener la presión arancelaria sobre México, Canadá y la Unión Europea, ignorando el dictamen del Supremo y profundizando en una crisis institucional que marcará el resto de su mandato.
Imagen: Trump, el pasado noviembre.
