El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que el Consejo de Ministros procederá mañana a la desclasificación de los documentos relativos al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. El anuncio se produce justo 45 años y un día después de la irrupción del teniente coronel Antonio Tejero en el Congreso de los Diputados. A través de un mensaje en la red social X, el jefe del Ejecutivo ha defendido que «la memoria no puede estar bajo llave» y ha justificado la medida como un paso necesario para que la ciudadanía conozca su pasado.
Sánchez ha querido agradecer públicamente al escritor Javier Cercas, autor de Anatomía de un instante, que haya abierto el camino al solicitar formalmente esta liberación de información. Esta decisión gubernamental llega tras décadas de opacidad sobre los archivos que podrían arrojar luz sobre figuras como el «Elefante Blanco» o las conexiones reales de la trama golpista. La desclasificación se produce mediante voluntad política en el Consejo de Ministros, un mecanismo que el Gobierno activa ahora tras años de bloqueo parlamentario sobre la transparencia de este episodio.
Desde la oposición, el Partido Popular ha reaccionado con dureza, describiendo el movimiento de Sánchez como una «cortina de humo» para desviar la atención de la actualidad política. La portavoz popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha criticado lo que considera un «colapso total» del Ejecutivo, mientras que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha cuestionado la oportunidad del anuncio. Para los populares, sacar a la luz documentos de hace casi medio siglo es un recurso de distracción propio de quien se encuentra en una situación de debilidad.
Reforma ley secretos
En el flanco de los socios de investidura y la izquierda, la noticia ha sido recibida con satisfacción pero también con notables dosis de escepticismo. Izquierda Unida, EH Bildu y Podemos han coincidido en señalar que la medida es «insuficiente» si no va acompañada de una reforma profunda de la Ley de Secretos Oficiales. El coordinador de IU, Antonio Maíllo, ha subrayado que lo «nuclear» es sustituir la actual norma, que data de la dictadura franquista, para evitar que desclasificaciones como la de mañana dependan exclusivamente de la voluntad del Gobierno de turno.
Por su parte, el PNV ha instado al Ejecutivo a aprovechar esta «voluntad política» para liberar muchos otros documentos que permanecen ocultos, reivindicando la transparencia como un derecho civil básico. Los nacionalistas vascos, que han liderado históricamente las peticiones para reformar la ley de secretos, entienden que el paso dado con el 23-F demuestra que el Gobierno puede desclasificar archivos cuando tiene interés en ello. En una línea similar, EH Bildu ha pedido que esta senda sirva para esclarecer otros casos como el GAL o la masacre del 3 de marzo en Vitoria.
Desde el grupo parlamentario de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián ha puesto el foco en el contenido específico que debería salir a la luz tras el Consejo de Ministros. El portavoz republicano ha reclamado que se incluya el sumario completo y el registro de todas las llamadas que entraron y salieron del Congreso durante las 18 horas que duró la intentona. «Ya tocaba; se iba a saber antes quién mató a Kennedy que quién montó el 23-F», ha ironizado Rufián, advirtiendo que cualquier cosa que no sea información cruda será puro «salseo» informativo.
Finalmente, Vox se ha sumado a las críticas de la derecha calificando la desclasificación de «insulto» a los ciudadanos. Su presidente, Santiago Abascal, ha rechazado entrar en lo que considera «guerras de hace un siglo» o asuntos de hace 40 años, exigiendo en su lugar que se den explicaciones sobre la gestión de los últimos seis años. Con el anuncio de este lunes, el Gobierno reabre un debate histórico que ha marcado la transición española, mientras el resto del arco parlamentario vigila que la medida no se quede en un gesto simbólico sin valor documental real.
