El presidente del área de Justicia del sindicato CSIF, Bruno Antuña, ha lanzado una dura advertencia sobre la situación límite que atraviesa el sistema judicial. En sus declaraciones, Antuña ha denunciado el desorden administrativo, la sobrecarga de trabajo y la inacción política que están ahogando a los trabajadores del sector.
Antuña ha puesto el foco en la complejidad de un sistema fragmentado, recordando que «al final estamos en una administración donde unos funcionarios dependen de la Generalitat, otros del Ministerio u otros del CGPJ». Según el representante sindical, esta es «una estructura que lleva anclada más de 200 años y ahora se quiere cambiar todo eso en tan solo unos días».
El principal reproche al Gobierno central radica en la falta de presupuesto para ejecutar estos cambios. «Estamos hablando de unas modificaciones donde el ministerio no se ha gastado ni un euro y tan solo en publicidad donde les ha pasado el marrón a las Comunidades Autónomas», ha aseverado de forma contundente.
El presidente de Justicia del CSIF también ha alertado sobre una práctica institucional que agrava el colapso diario: la apertura de nuevos órganos judiciales sin dotación de personal. «Parece ser que se van a crear plazas judiciales, pero no se van a poner ningún funcionario más a la causa», ha lamentado Antuña, describiendo la situación de los trabajadores como «un partido de tenis donde se pelean por las competencias».
Este problema se evidencia especialmente en materias sensibles. Aunque reconoce que «se ha revertido un poco la comarcalización de la violencia», advierte que «en muchos municipios se han creado plazas judiciales exclusivas que no van acompañados de funcionarios». La consecuencia directa es que «la administración tiene que poner con sus recursos para que vayan tirando». El resumen de esta gestión, concluye, es desolador: «cada vez somos menos funcionarios para abarcar más áreas».
Por último, Antuña no ha eludido la raíz económica e histórica del problema autonómico, señalando directamente a la clase política por su incapacidad para resolver la infrafinanciación valenciana, independientemente de quién gobierne.
«Si históricamente hubiéramos tenido la mala suerte con los gobiernos de turno pues sería eso, pero es que han coincido gobiernos autonómicos y nacionales del mismo color político y siguen sin solucionar el problema», ha sentenciado. Como remate a su intervención, ha lanzado un dardo a los representantes públicos de la región, afirmando que «los políticos valencianos no votan por sus ciudadanos».
