El Gobierno abre una doble ofensiva judicial contra la Generalitat Valenciana al impugnar ante el Tribunal Constitucional sus leyes de Costas y de Medidas Fiscales, una decisión que llega tras el dictamen favorable del Consejo de Estado y el fracaso de las negociaciones en las comisiones bilaterales. El Consejo de Ministros ha solicitado formalmente al presidente del Gobierno la interposición de sendos recursos de inconstitucionalidad contra la Ley 3/2025 de protección y ordenación de la costa y la Ley 5/2025 de medidas fiscales y de gestión administrativa. Ambas impugnaciones incluyen la invocación del artículo 161.2 de la Constitución Española, lo que conlleva la suspensión inmediata de los preceptos cuestionados hasta que el tribunal dicte una sentencia definitiva.
En el ámbito del litoral, el conflicto jurídico se centra especialmente en el artículo 17 y la disposición final primera de la norma autonómica, que afectan directamente a la situación de las viviendas en primera línea de la playa de Babilonia, en Guardamar del Segura. El Ejecutivo central sostiene que la Generalitat intenta blindar, mediante lo que denomina una «ley de caso único», diversos conjuntos edificados que cuentan con órdenes de derribo dictadas por el Ministerio para la Transición Ecológica. Según el recurso, la normativa valenciana vulnera el bloque de constitucionalidad en materia ambiental al interferir en la gestión del dominio público marítimo-terrestre, cuya titularidad y protección son competencia exclusiva del Estado.
Por otro lado, el recurso contra la Ley 5/2025 de Medidas Fiscales pone el foco en las modificaciones introducidas en la normativa trans de la Comunitat Valenciana, que suprime disposiciones de la ley autonómica de 2017. El Gobierno considera que estos cambios vulneran la competencia estatal atribuida por el artículo 149.1.1º de la Constitución para regular las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos. En particular, se entiende que la norma valenciana contraviene la Ley estatal 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans, afectando a las posiciones jurídicas fundamentales del derecho a la autodeterminación de género.
Derechos LGTBI
Los fundamentos jurídicos de esta segunda impugnación señalan que varios artículos de la ley valenciana incumplen obligaciones previstas por la regulación estatal en materia educativa y de sanidad. El Ejecutivo central argumenta que la Generalitat ha sobrepasado sus funciones al legislar sobre derechos reconocidos en los artículos 10, 14, 15 y 18 de la Constitución, generando una posible discriminación territorial en el acceso a garantías sociales básicas. Esta situación de conflictividad normativa ha llevado al Estado a solicitar la paralización de los preceptos para evitar que se consoliden situaciones jurídicas que choquen con el marco de derechos LGTBI vigente a nivel nacional.
Respecto a la ley de protección de la costa, el Gobierno también ha impugnado la disposición adicional cuarta, relativa al inventario de bienes que pertenecen al Estado. Desde el Ministerio se recuerda que la comunidad autónoma no tiene potestad para modificar de forma unilateral el estatus jurídico de los terrenos que integran el dominio público marítimo-terrestre. Cualquier alteración en la titularidad o el uso de estos espacios debe solicitarse y tramitarse bajo los cauces estrictamente previstos en la normativa estatal, por lo que el intento de la Generalitat de crear un registro propio se considera una injerencia directa en las competencias de la Administración General del Estado.
Esta doble impugnación supone un choque institucional de gran calado entre ambas administraciones, afectando de forma simultánea a la gestión del territorio y al desarrollo de los derechos civiles en la región. Con la admisión a trámite de estos recursos y la consiguiente suspensión de los artículos, se abre un periodo de incertidumbre legal para los sectores afectados, desde los propietarios de viviendas en la costa hasta los colectivos sociales beneficiarios de la anterior normativa de identidad de género. El Tribunal Constitucional deberá determinar ahora si la Comunitat Valenciana se ha extralimitado en sus funciones legislativas, marcando un precedente clave para el equilibrio competencial en España.
Imagen: El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante la rueda de prensa. | La Moncloa.
