El debate sobre la nomenclatura oficial de la ciudad de Valencia ha vuelto a incendiar la relación entre el consistorio y la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) en un choque institucional sin precedentes. Tras conocerse el rechazo de la entidad normativa a la propuesta del Ayuntamiento para oficializar la doble denominación y el cambio de la tilde, el equipo de gobierno local ha reaccionado con dureza, acusando a la institución de falta de lealtad y de alejarse de la realidad social y lingüística de los ciudadanos.
El conflicto estalló tras el pleno de la AVL en el que se decidió mantener la grafía exclusiva de València (con tilde abierta), desestimando la propuesta municipal de Valéncia/Valencia. El concejal Juan Carlos Caballero, actuando como portavoz del ejecutivo de María José Catalá, lamentó profundamente una decisión que considera una «oportunidad histórica perdida» para que la institución se reconciliara con los usos mayoritarios de la capital, afeando que se ignore la voluntad del actual gobierno municipal.
La indignación en el Palacio de la Exposición no solo radica en el fondo de la decisión, sino especialmente en las formas en las que se ha desarrollado el proceso. El consistorio ha criticado que la AVL haya declarado el informe técnico como «reservado» —sin compartirlo siquiera con sus propios académicos de forma abierta— y que la administración local haya tenido que enterarse de la resolución a través de filtraciones a la prensa, tildando este proceder como una falta de lealtad institucional grave en un asunto de máxima relevancia para la identidad de la ciudad.
El equipo de Catalá defiende con vehemencia que la denominación en castellano fue la oficial hasta el año 2015, momento en que el anterior gobierno de Compromís y el PSPV «borraron del nombre de la ciudad una de las lenguas oficiales de la Comunitat Valenciana». Desde el actual ejecutivo subrayan que la normativa vigente otorga a los ayuntamientos la competencia plena para proponer la doble denominación, calificándola como una «posibilidad legal» que busca reflejar la convivencia de ambos idiomas en el día a día de los valencianos y recuperar una tradición bilingüe que consideran legítima.
Mientras la oposición de izquierdas celebra la decisión de la Acadèmia y exige que se respete la unidad científica de la lengua, el Ayuntamiento espera recibir formalmente los argumentos del informe el próximo lunes. Será entonces cuando la Dirección General de Administración Local de la Generalitat reciba el documento técnico y se abra un nuevo escenario administrativo en el que el consistorio deberá decidir si acata el dictamen o explora otras vías legales para defender la grafía con tilde cerrada y la recuperación del nombre en castellano en el registro oficial.
