La Comisión Europea ha dado el paso definitivo para desbloquear uno de los tratados comerciales más ambiciosos y polémicos de las últimas décadas. Su presidenta, Ursula von der Leyen, anunció este viernes la activación de la «aplicación provisional» del Acuerdo UE-Mercosur, una decisión que busca aprovechar el impulso de Argentina y Uruguay, los primeros países del bloque sudamericano en ratificar el texto.
Von der Leyen ha defendido la medida como una necesidad estratégica para que Europa no pierda su ventaja competitiva en un escenario global de «intensa competencia». Según la presidenta, el acuerdo crea un mercado potencial de 720 millones de personas y supondrá un ahorro de miles de millones de euros en aranceles, permitiendo que las pequeñas y medianas empresas europeas accedan a horizontes de crecimiento con los que «antes solo podían soñar».
La jefa del Ejecutivo comunitario ha querido enviar un mensaje de calma ante las críticas, recordando que la aplicación provisional está amparada por los Tratados de la UE y por la autorización que el Consejo Europeo otorgó a la Comisión el pasado mes de enero. «Cuando ellos estén listos, nosotros estaremos listos», ha subrayado, confirmando que la maquinaria de Bruselas se pone en marcha tras semanas de debates intensos con los Estados miembros y los eurodiputados.
Ventaja estratégica europea
No obstante, Von der Leyen ha matizado que la plena conclusión del acuerdo sigue dependiendo del visto bueno del Parlamento Europeo. La presidenta ha definido el pacto como una plataforma de «compromiso político profundo» con socios que comparten la visión europea de apertura y colaboración, asegurando que esta alianza fortalecerá la independencia y la resiliencia de la economía del viejo continente frente a otras potencias.
Para la Comisión, el Mercosur encarna el espíritu con el que Europa debe actuar en el escenario global: forjando su propio futuro mediante el comercio abierto y basado en normas. Pese a la controversia que genera en sectores como el agrario, la presidenta insiste en que los ciudadanos y trabajadores europeos comenzarán a cosechar los beneficios de este mercado común «cuanto antes», cerrando así un proceso que define como uno de los más trascendentales de la primera mitad de este siglo. La decisión ha provocado la reacción de las principales organizaciones agrarias valencianas, que acusan a la presidenta y traición y piden su dimisión.
