València, 9 mar (EFE).- La defensa de la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas ha planteado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que decrete el sobreseimiento libre de la causa penal sobre la gestión de la dana que se investiga en el juzgado de Catarroja y donde ella figura como imputada.
De forma subsidiaria, expone que, de estimarse la existencia de indicios para investigar al expresident de la Generalitat Carlos Mazón, sea el TSJCV el que asuma «sin más dilación toda la causa».
En un escrito al que ha tenido acceso EFE, esta defensa se posiciona respecto a la posibilidad de abrir una investigación penal al expresident Mazón que planteó la jueza instructora al alto tribunal valenciano.
El letrado de Pradas sostiene que los hechos investigados no son de naturaleza penal sino administrativa, de modo que «debe acordarse la clausura del presente procedimiento lo antes posible y dirigir el tiro al ámbito donde procede: el contencioso-administrativo».
Asimismo, subraya que «no es suficiente ocupar un puesto de responsabilidad máxima», sino que «para atribuir la responsabilidad por omisión es precisa la posición de garantía prevista por una norma y que lo que la norma prevea que debe hacer sea una acción que evite el daño que se ha producido».
Esta parte sostiene que «los hechos objeto de instrucción carecen de relevancia penal» porque «la pérdida de vidas humanas, profundamente lamentable, fue consecuencia directa de una catástrofe natural de magnitud imprevisible, cuyo desarrollo vertiginoso anuló cualquier capacidad de reacción humana efectiva».
«Y la jurisprudencia penal, en estos casos, es clara, un fenómeno de fuerza mayor calificado por técnicos expertos como imparable e imprevisible en sus consecuencias concretas, está fuera de la órbita penal», sentencia el letrado de Pradas.
Además, niega que exista relación causal entre los posibles comportamientos omisivos y la muerte de 230 personas, ya que «el nexo causal se encuentra roto» por falta de información técnica, inacción informativa de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), irreversibilidad del riesgo, decisión unánime del envío del mensaje Es-Alert y falta de interpretación técnica de los datos.
Y en esta argumentación se acusa concretamente a la CHJ de «omitir información decisiva».
