El presidente de la Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción (FEVEC), Francisco Zamora, ha lanzado una firme advertencia sobre la inviabilidad actual de la obra pública, asegurando de forma tajante que las empresas del sector no pueden acometer proyectos asumiendo pérdidas económicas. Aunque el dirigente patronal subraya la permanente «voluntad de colaborar» del sector y reconoce mantener «un diálogo fluido con la administración autonómica», lamenta que las propuestas de solución siempre se topan con los límites de la administración, donde se les responde con un «no podemos porque se llega hasta donde se llega».
El detonante principal de esta crisis operativa radica en el encarecimiento de los materiales derivado de la inestabilidad internacional, concretamente como «consecuencia de la guerra de Ucrania y ahora con la del Golfo». Ante este escenario inflacionista, Zamora ha criticado duramente las modificaciones legales impulsadas en la «época de Montero», cuando «se cambió el sistema de actualización de precios». El presidente recuerda que la normativa anterior permitía «recalcular los importes» para proteger al sector, mientras que la rigidez del modelo actual está generando, a su juicio, «un enriquecimiento ilícito de la administración».
Para aliviar esta situación, FEVEC exige la actualización de la «fórmula polinómica», de modo que los importes se revisen de manera justa frente a los incrementos de precios. Además, el dirigente ha denunciado una situación de «competencia desleal» respecto a corporaciones como Tragsa. Según señala Zamora, a esta empresa pública sí «se les ha permitido revisar esta situación», lo que les permite trabajar «con precios más altos que la entidad privada sin presupuestar».
La asfixia de las constructoras se ve multiplicada por los largos tiempos de tramitación administrativa. El líder patronal advierte del desajuste presupuestario estructural de los proyectos: Desde que se proyecta una actuación hasta su licitación «pueden pasar 4 años por toda la burocracia». Este lapso temporal suele traducirse en «un aumento del 15%» sobre los costes iniciales.
Este desequilibrio obliga a las compañías a acudir a recursos extraordinarios y endeudarse, generando una «gran incertidumbre a la hora de cobrar» y convirtiendo a las empresas en las principales afectadas del sistema.
Ampliando el foco del problema, Francisco Zamora ha enmarcado estas dificultades en la falta de recursos estructural del territorio, una «infrafinanciación que tenemos es algo que clama al cielo» y que la región viene «padeciéndolo durante muchos años». El presidente alerta de que, sin los fondos adecuados, no solo se paraliza la creación de nuevas dotaciones, sino que resulta imposible mantener «las que tenemos», algo que califica de «fundamental para la sociedad». Según ha detallado, este grave problema de mantenimiento afecta a infraestructuras vitales: educativas, sanitarias y las que vertebran el territorio.
Como conclusión, Zamora ha lamentado el clima de polarización política que impide poner freno a este deterioro de los servicios que padecen a diario los ciudadanos. «Desgraciadamente, el partido del poder y la oposición no se hablan y no se pueden poner de acuerdo», ha censurado, recordando que el mantenimiento del tejido público «es una cuestión fundamental para el buen funcionamiento del país».
