El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha desestimado en su totalidad el recurso contencioso-administrativo presentado por los parlamentarios de Compromís contra la orden que reguló la votación escolar para elegir la lengua vehicular de los alumnos. El fallo judicial respalda el procedimiento de elección diseñado por la Generalitat y condena, además, al pago de las costas procesales a los recurrentes, consolidando la validez jurídica de la consulta telemática realizada para la planificación del curso 2025-2026.
La resolución judicial se hace pública en un escenario laboral tenso, coincidiendo con las reuniones sectoriales entre la Conselleria de Educación y los sindicatos STEPV, CC. OO. y UGT, quienes mantienen una huelga indefinida en la enseñanza pública. Las centrales sindicales exigen la devolución del estatus de lengua vehicular única al valenciano como condición indispensable para desconvocar las protestas, una postura que choca con este nuevo aval judicial al sistema de votación por el que las familias determinan el idioma base de aprendizaje.
En sus fundamentos de derecho, el tribunal descarta de forma explícita que la aplicación de la normativa aprobada por el Consell genere escenarios de discriminación, exclusión o segregación por motivos de lengua. La sentencia concluye que la capacidad de los progenitores para seleccionar el idioma de referencia de sus hijos no vulnera la autonomía pedagógica de los colegios e institutos ni rebaja el peso institucional de la lengua propia en el sistema docente valenciano, tanto en los municipios de predominio lingüístico castellano como en los de valenciano.
Garantías técnicas y precedentes jurídicos
Los magistrados validan el funcionamiento y soporte técnico de la plataforma digital empleada para recoger los votos de los tutores legales, certificando que el proceso cumplió con todas las garantías jurídicas exigidas. Asimismo, la sala rechaza la impugnación referida a la falta de una memoria económica en el decreto, aclarando que el texto impugnado posee una naturaleza estrictamente organizativa y procedimental que no requería la dotación de partidas presupuestarias específicas adicionales para su puesta en marcha.
El portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Barrachina, ha manifestado la satisfacción del Ejecutivo ante un fallo que valida el paso de un modelo de proyectos lingüísticos cerrados por centros a un sistema de adscripción familiar directa. Desde la Generalitat remarcan que este pronunciamiento no constituye una decisión aislada en los tribunales, sino que se incorpora a una serie de resoluciones previas del propio TSJCV en favor de la reforma educativa valenciana, reforzando la seguridad jurídica del actual marco de libertades escolares de la legislatura.
