La Puerta del Sol de Madrid ha vuelto a convertirse en el epicentro de la indignación ciudadana tras la instalación de un campamento urbano convocado por colectivos de inquilinos para protestar contra la crisis de la vivienda. La movilización, impulsada como respuesta al reciente desahucio de Maricarmen Abascal —la anciana de 87 años expulsada en camilla de su domicilio habitual—, busca ejercer presión directa sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, exige reformas legislativas inmediatas y apela al cumplimiento de los deberes de la clase política.
Entre los principales articuladores del campamento destaca la presencia del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, entidad que ha liderado la portavocía de la protesta exigiendo una huelga de alquileres a nivel autonómico y estatal si no se intervienen de forma inmediata los precios del mercado. Desde la organización sindical argumentan que la expulsión de vecinos vulnerables responde a un modelo de especulación estructural que cuenta con la complicidad de las instituciones públicos, por lo que instan a los arrendatarios a organizarse colectivamente para paralizar los desahucios previstos en los barrios madrileños.
Los manifestantes reclaman la aprobación urgente de medidas contundentes que frenen los desahucios y regulen los precios de los alquileres. A través del denominado «Decreto Maricarmen», las organizaciones sociales exigen la renovación automática de los contratos de arrendamiento y la paralización de lanzamientos a personas en situación de vulnerabilidad, advirtiendo de que las administraciones públicas no pueden eludir su responsabilidad institucional en la protección de los ciudadanos.
La acampada evoca las históricas asambleas del movimiento 15-M y reúne a cientos de personas organizadas en comisiones de trabajo y carpas informativas en el centro de la capital. Las portavocías de las entidades convocantes remarcan que el caso de la octogenaria representa un punto de no retorno para el sector de la vivienda, exigiendo a las fuerzas parlamentarias que prioricen el acceso bajo a la casa frente a la especulación inmobiliaria.
En el plano político, el desafío en la calle incrementa la presión sobre el socio mayoritario del Ejecutivo y sobre ministerios clave como el de Vivienda, dirigido por Isabel Rodríguez. Diversos grupos de la oposición e integrantes del bloque de investidura han comenzado a posicionarse ante las demandas de la protesta, trasladando el debate sobre los alquileres y el papel protector del Estado al pleno del Congreso de los Diputados.
La continuidad de la protesta mantiene en alerta a la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid, encabezada por Francisco Martín, mientras los colectivos sociales aseguran que prolongarán la permanencia en la plaza madrileña hasta que se tramiten compromisos legislativos firmes. La movilización subraya el deber ético e institucional de los representantes públicos de dar respuestas efectivas a la emergencia habitacional y garantizar la estabilidad social.
Imagen: Acampada en Sol, en la noche del sábado. Cuenta de X de Dani Gago.
