El ser humano tropieza varias veces con la misma piedra y los políticos valencianos parece que lo tienen asumido. La piedra se llama promesas incumplidas desde Madrid con el tema de la financiación autonómica. Ha vuelto a ocurrir. También pasó en 2019. ¿Recuerdas? En una visita relámpago a Valencia, el presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se comprometió a presentar un nuevo modelo de financiación autonómica en un plazo de solo ocho meses si lograba formar Gobierno. La promesa se aceleró a lo largo del día: por la mañana, el entonces secretario general del PSOE, José Luis Ábalos, habló inicialmente de un año; sin embargo, por la tarde, tras una reunión con la que era vicepresidenta de la Generalitat y líder de Compromís, Mónica Oltra, se concretó que la propuesta estaría lista en apenas ocho meses una vez formado el Ejecutivo. La pandemia del coronavirus echó al traste todo o, al menos, fue una de las excusas. Nada de nada. En 2023 y 2024 también fue un tema presente en la negociación para investir presidente a Sánchez, otra vez. Y este viernes, el Gobierno central vuelve a dejar fuera de juego a todas las fuerzas políticas valencianas, las del Botànic, pero también al Partido Popular autonómico. A Vox no se le espera.
La consellera de Hacienda de la Comunitat Valenciana, Ruth Merino, ha criticado este viernes con dureza la decisión del Ministerio de Hacienda de excluir la reforma del Sistema de Financiación Autonómica (SFA) del orden del día del próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que se celebrará el miércoles 26 de febrero. «No por más esperado es menos decepcionante», ha afirmado Merino, quien considera que este movimiento confirma que «el Gobierno de Pedro Sánchez está absolutamente plegado a la hoja de ruta y a todo lo que le marcan los independentistas catalanes».
Según la consellera, el orden del día solo incluye «más allá de cuestiones de mero trámite, la quita de la deuda», dejando fuera aspectos clave como la reforma del sistema de financiación, el fondo de nivelación o incluso el objetivo de déficit. «La verdad es que nos lo temíamos», ha señalado, subrayando la falta de información sobre qué acuerdo o criterio se aprobará en relación con la condonación de la deuda.
Merino ha denunciado que «esto demuestra una falta de respeto y de lealtad», ya que, en su opinión, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pretende «utilizar a las comunidades autónomas como una mera comparsa para blanquear la condonación de la deuda, pero la que quieren los independentistas catalanes, no la que conviene al resto de españoles». Ha insistido en que el endeudamiento autonómico, especialmente el de regiones como la Comunitat Valenciana, debe debatirse en el CPFF, “pero no en los términos que le exigen los que tienen chantajeado al presidente Sánchez”.
Además, ha advertido que la deuda no es la prioridad en la financiación autonómica: “Es una parte del problema, pero es la tercera más importante; antes están la reforma del sistema y el fondo de nivelación. Para la Comunitat Valenciana, cualquier medida sobre la deuda que no resuelva la infrafinanciación es un parche”.
Orden del día
El orden del día del CPFF, remitido este viernes por el Ministerio de Hacienda a las comunidades autónomas, incluye la condonación de deuda y el reparto de la recaudación del impuesto a la banca, dejando fuera la reforma del SFA. Este punto fue abordado en la reciente Conferencia de Presidentes, donde se acordó convocar la reunión de febrero, pero el Gobierno ha decidido no incluirlo, a pesar de la insistencia de varias autonomías.
El Ministerio avanzó hace semanas una propuesta sobre el cálculo de la población ajustada, pero esta no convenció al Gobierno valenciano, que reclamaba no solo la reforma del sistema de financiación, sino también la creación de un fondo transitorio de nivelación para reducir la infrafinanciación de las cuatro regiones más perjudicadas mientras se aprueba la reforma.
Desde la Comunidad de Madrid, la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, también ha expresado su malestar con Montero por haber enviado «tarde» la convocatoria y por centrarse en «las urgencias de los socios independentistas del Gobierno de Pedro Sánchez». Según Albert, la reunión «no abordará los problemas de financiación de las comunidades autónomas», sino que servirá para «que los españoles paguemos los pufos de tantos y tantos años de derroche del secesionismo, y las suyas propias para que de esta forma sus socios le permitan seguir ocupando de forma indigna la Moncloa».
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