El campo valenciano se planta contra el acuerdo UE-Mercosur: “Nos lleva a una competencia desleal”

La Generalitat Valenciana, junto a las principales entidades representativas del sector agroalimentario de la Comunitat Valenciana, ha mostrado su firme oposición al Acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. A través de un documento conjunto al que ha tenido acceso Interdiario, denuncian que el tratado pone en riesgo la sostenibilidad y la competitividad del sector agrario europeo, y muy especialmente el valenciano.

Las organizaciones firmantes —entre ellas AVA-ASAJA, ASAJA Alicante, La Unió Llauradora i Ramadera, COAG, UPA-PV, el Comité de Gestión de Cítricos y Cooperatives Agro-alimentàries— advierten que el acuerdo favorece de forma desproporcionada la entrada de productos agrícolas y ganaderos del Mercosur en el mercado europeo, sin garantizar una reciprocidad real en las condiciones de producción, sostenibilidad o calidad.

En particular, alertan del peligro que supone la liberalización del comercio de productos como cítricos, arroz, miel y carnes de vacuno, porcino y aviar, que podrían verse desplazados por importaciones con estándares más bajos y a precios más bajos. El documento también pone el foco en el zumo fresco de cítricos, cuya desprotección arancelaria amenazaría la industria europea de transformación y a toda la cadena de valor citrícola.

El sector reclama que estos productos sean considerados “sensibles” en el marco del acuerdo, lo que permitiría imponer limitaciones a su importación. Además, exigen reforzar los controles fitosanitarios y sanitarios en frontera, así como establecer mecanismos de vigilancia en origen que eviten la competencia desleal.

Entre las medidas propuestas, se incluye también la creación de un fondo de compensación para los productores europeos y la necesidad de cláusulas de salvaguardia eficaces y ágiles que protejan al sector ante situaciones de riesgo grave.

Por último, los firmantes critican que el acuerdo no haya tenido en cuenta el impacto medioambiental en países del Mercosur, como la deforestación derivada de cultivos destinados a la exportación, y piden revisar la legislación europea al respecto.

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