La investigación judicial sobre las 228 muertes provocadas por la devastadora dana del 29 de octubre de 2024 da un nuevo giro. La magistrada Nuria Ruiz Tobarra, al frente del Juzgado de Instrucción número 4 de Catarroja, ha rechazado frontalmente la solicitud de una acusación para que la instrucción se extienda al Gobierno central. Paralelamente, el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, imputado en la causa, redobla la presión al solicitar formalmente la imputación del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y de tres altos cargos del servicio de Emergencias de la Generalitat.
En su resolución, a la que ha tenido acceso este medio, la magistrada insiste en que la competencia de la emergencia el 29 de octubre recaía en la administración autonómica. Ruiz Tobarra argumenta que «el desplazamiento de responsabilidad al Gobierno Central por la no declaración de emergencia nacional, no es sino un reconocimiento explícito de la manifiesta pasividad de la Administración Autonómica», añadiendo que esta administración «no supo alertar, ni en tiempo ni acertadamente, a la población, con el resultado mortal conocido y que exigiría, siguiendo dicha tesis exculpatoria, que se le arrebatara el mando de la emergencia».
Liberum había solicitado a la jueza el 11 de abril que se requiriera a la Presidencia del Gobierno y al Consejo de Seguridad Nacional para que certificaran si el presidente del Gobierno convocó o no dicho Consejo, y en caso afirmativo, que se aportaran las comunicaciones producidas, especialmente si se elaboró algún informe o dictamen. Esta petición es independiente de la presentada ayer en otro juzgado de Catarroja, donde se solicitaba investigar a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, por no pedir la declaración de emergencia nacional en el momento oportuno.
Escrito de Argüeso
Por otro lado, Argüeso, quien permanece investigado en la causa, ha presentado un escrito solicitando a la jueza Ruiz Tobarra que cite como investigados al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, y a tres altos cargos de Emergencias a los que él ya había señalado como parcialmente responsables de la falta de información durante la dana.
Según el escrito notificado a las partes y al que ha tenido acceso este medio, Argüeso pide la imputación de José Miguel Basset, jefe del consorcio provincial de Bomberos de Valencia; Inmaculada Piles, jefa del servicio de coordinación de Emergencias 112 en la Comunitat Valenciana; y Aurora Roca, técnica de comunicación de Emergencias de la Generalitat.
El abogado de Argüeso justifica estas peticiones con ironía, recordando que su representado sigue investigado «pese al criterio de la Fiscalía, por el hecho de ser supuestamente el número dos de la Consellería de Emergencias».
Respecto a Polo, Argüeso señala su presencia telemática en el Cecopi (Centro de coordinación operativa integrado) el día de la dana y alega que, según las declaraciones de otros investigados y de Pilar Bernabé, no informó ni de la remisión ni del contenido del correo electrónico de la CHJ de las 18:43 horas. Argüeso considera que, siendo Polo el responsable del organismo emisor y dada la importancia del correo, debió avisar al Cecopi, y que tampoco informó de la gran crecida del barranco del Poyo, siendo responsable de la CHJ y miembro del Cecopi. Además, pide explicaciones sobre el «apagón informativo» de la CHJ al Cecopi entre las 16:13 y las 18:43 horas.
Sobre Basset, la defensa de Argüeso pide que explique por qué retiró a los bomberos de los barrancos de la zona afectada el 29 de octubre sin avisar al Cecopi ni a ningún responsable de la Conselleria de Emergencias.
En cuanto a Piles, Argüeso considera que debe explicar por qué no se recibió en el Cecopi información sobre las llamadas al 112. Finalmente, respecto a Roca, la defensa de Argüeso pide su imputación por no haber intervenido en la larga reunión del Cecopi el 29 de octubre, siendo la responsable de trasladar las noticias de fuera al centro de coordinación y viceversa.
