La Generalitat ha presentado, ante técnicos y responsables de diferentes gobiernos autonómicos, la gestión portuaria de la Generalitat y la futura Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana en el primer Foro Azul sobre marinas gestionadas por las comunidades autónomas celebrado en Tenerife “ante el interés que ha suscitado la futura norma”.
Así lo ha destacado el director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana, que ha protagonizado un encuentro para explicar cómo se gestiona una red de más de una treintena de puertos en la Comunitat Valenciana, donde se están llevando a cabo diferentes proyectos para modernizar las instalaciones en colaboración con el sector privado.
En el marco del foro, también se han mantenido encuentros para analizar la futura Ley de Costas. El director general ha apostado por mantener estos contactos con el objetivo de hacer un frente común entre las diferentes comunidades autónomas con competencias en la materia “para gestionar nuestras costas de una forma más directa y poner freno a acciones como los deslindes llevados a cabo por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, mientras retrasa actuaciones de regeneración costera”.
García Manzana ha censurado que el Gobierno “cercene los derechos de los vecinos que viven más cerca del mar” y ha asegurado que la nueva ley permitirá abrir la puerta a alternativas. “Esta será la primera norma de rango autonómico que ofrecerá una serie de protecciones para garantizar la seguridad de los ciudadanos frente a los deslindes”, ha remarcado.
En esta línea, el director general ha recordado que esta ley se enfoca a la preservación de los núcleos costeros tradicionales, reconociendo su valor etnográfico y habilitando un nuevo canal para su protección frente a estos procesos. En definitiva, la norma “complementará” la legislación estatal, y se fundamentará en los principios de “protección, mejora ambiental y reordenación urbanística para regular de manera efectiva el uso y la conservación del litoral”.
Durante su intervención en el Foro Azul, García Manzana ha explicado a sus homólogos del País Vasco (Koldo Goitia), Murcia (Pablo Marín) y Canarias (Antonio Costa) que la Generalitat pretende ofrecer una regulación “coherente y responsable” que permita ordenar el territorio costero, equilibrando la protección de los valores naturales con el desarrollo económico, así como abordar la regresión mediante herramientas de protección y otorgar voz a los ayuntamientos en la gestión del litoral.
Estas tres comunidades autónomas carecen de ley propia que regule la gestión del litoral, aunque Canarias y País Vasco sí tienen las competencias transferidas, mientras que Murcia no lo ha solicitado todavía. En este sentido, se prepara un encuentro para el próximo mes de septiembre en València en el que está previsto que asistan también Andalucía y Baleares, ambas con competencias en la materia, pero sin ley, y Galicia, con norma propia y las competencias recién asumidas.
Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana
La futura Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana también busca reformular el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel) al elevar a rango de ley las normas básicas de zonificación del litoral, estableciendo los usos permitidos, prohibidos y autorizables en cada área. Esto aportará “una planificación más clara y con mayor seguridad jurídica, y será la norma reglamentaria la encargada de clasificar y catalogar cada zona del litoral”, ha señalado García Manzana.
Asimismo, la futura ley se centrará en la protección de los valores naturales esenciales y de la biodiversidad, como las zonas de marjal y la posidonia, con el fin de evitar acciones que puedan dañarlos.
Otro de los objetivos es impulsar la estrategia de la economía azul en la Comunitat Valenciana, para lo que se busca promover un desarrollo sostenible y responsable de los recursos marinos, asegurando beneficios económicos a largo plazo y respetando el medio ambiente.
La parte final de la ley establece un régimen de inspección y sanciones orientado a mantener el equilibrio entre los valores naturales y las actividades humanas. Además, las disposiciones adicionales abordan la vigilancia de resoluciones estatales que puedan afectar negativamente a la costa valenciana, la elaboración de un inventario de terrenos costeros degradados y la creación de áreas de suelo para reordenar espacios que no sean recuperables.
