Silvia Blasco, presidenta de la Asociación de Apartamentos Turísticos de la Comunidad Valenciana (APTUR CV), ha expresado su preocupación por la reciente actuación del Ayuntamiento de Valencia en relación al cierre de viviendas turísticas, advirtiendo de una creciente inseguridad jurídica y una falta de coordinación entre administraciones que está afectando gravemente al sector.
“Está bien saber que se han cerrado apartamentos que estaban en la ilegalidad, pero ahora parece ser que lo que se ha considerado legalmente por turismo, se está considerando ilegal por urbanismo, por lo que la cartera de Urbanismo está liderando nuestra área turística”, afirmó Blasco. La presidenta de APTUR CV denuncia que se está produciendo una contradicción entre los criterios de la administración turística autonómica y los del área de Urbanismo municipal, lo que provoca una situación de indefensión para los propietarios y gestores de viviendas de uso turístico (VUT).
Según Blasco, el problema se agrava por la falta de coordinación institucional. “Estamos hablando de que no se requería una licencia de actividad determinada por el Ayuntamiento de Valencia, pero es que además no había una coordinación entre administraciones que evitara este caos”, señaló.
Blasco recordó que existe un régimen transitorio reconocido por la exconsellera de Turismo, Nuria Montes, que otorga a los municipios la competencia para gestionar su modelo turístico. Sin embargo, en el caso de Valencia, “había una ausencia de regulación antes de 2018, donde no se delimitaba el uso turístico de la vivienda”, lo que ha generado un vacío normativo difícil de resolver.
La presidenta de APTUR CV también se refirió a los requisitos que en su momento impuso la exvicealcaldesa Sandra Gómez para autorizar las VUT. “Se pedían unos requisitos que se tumbaron en el Supremo, porque el uso turístico de la vivienda no requiere ningún otro título habilitante distinto al uso residencial, independientemente de la duración de la estancia”, explicó. “Pero ahora —añadió— se buscan las leyes por parte de la administración para justificar restricciones que ya han sido cuestionadas judicialmente”.
