El Tribunal Supremo ha fallado, de nuevo, a favor de VIUTUR (la delegación de APTUR CV en la ciudad de Valencia) y ha condenado al Ayuntamiento de Valencia a ejecutar la sentencia sobre la anulación de las limitaciones del Plan Especial de Protección de Ciutat Vella (PEP) que aprobó el Gobierno municipal anterior.
Este plan prohibía la implantación de viviendas de uso turístico en gran parte del distrito, concretamente en los barrios de El Carme, La Seu, El Mercat y parte de la Xerea. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha acordado la inadmisión a trámite del recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Valencia contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que ya había dado la razón a VIUTUR.
En un comunicado consultado por este digital, VIUTUR sostiene que el acuerdo del Ayuntamiento de València para la puesta en marcha del Plan Especial de Ciutat Vella, aprobado en el pleno del mes de septiembre de 2024, ya se tomó después de que la justicia estimara el recurso de la patronal de viviendas de uso turístico VIUTUR y anulara parte de la regulación contenida en el Plan Especial del gobierno anterior, dirigido por Compromís y PSPV. Primero el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) atendió las pretensiones de la patronal turística y más tarde el Tribunal Supremo ratificó el fallo, en julio de 2023 y ahora obliga al Ayuntamiento a ejecutar la sentencia y lo condena a pagar las costas procesales.
La sentencia inicial del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, posteriormente respaldada por el Tribunal Supremo, señalaba que la decisión del Ayuntamiento carecía de justificación suficiente. Tras este pronunciamiento judicial, la Concejalía de Urbanismo, entonces bajo la dirección de la socialista Sandra Gómez, propuso modificar el plan urbanístico con el objetivo de impedir que las viviendas pudieran destinarse al alojamiento turístico temporal. Sin embargo, se mantuvo la posibilidad de uso turístico en aquellos edificios que tuvieran un carácter exclusivamente terciario dentro del centro histórico de la ciudad.
Finalmente, el Ayuntamiento, ahora dirigido por María José Catalá, aprobó en septiembre del año pasado la modificación y ha seguido dilatando el proceso judicial por no ejecutar el fallo por el que ahora ha sido condenado.
Asumir costas
«Considero que el equipo de gobierno actual del Ayuntamiento ha evitado afrontar el problema y ha permitido que el conflicto judicial se prolongue innecesariamente. Los responsables municipales han demostrado una falta de capacidad para defender los intereses públicos y una predisposición a utilizar los recursos públicos en beneficio político propio y no de la ciudadanía. Una vez más, la justicia nos da la razón y obliga al consistorio a asumir las costas y a cumplir la sentencia. Han gastado recursos de los contribuyentes para retrasar la resolución, en vez de tomar decisiones responsables basadas en el interés general”, explica Silvia Blasco, presidenta de APTUR CV.
Además, señala que “han impulsado políticas injustificadas ya promovidas por Sandra Gómez igualmente bajo el interés político personal. Por otro lado, ha mostrado su indignación sobre la colaboración por parte del Ayuntamiento. “Siguen sin dejarnos sentar en la mesa para poder dialogar y llegar a acuerdos con la Administración, pese a que nuestra colaboración podría aportar soluciones beneficiosas tanto para el sector como para la ciudadanía”.
Tras este fallo se abre un escenario en el que empresas y particulares afectados por esta medida entre el 2020 y enero de 2025, van a reclamar daños patrimoniales causados por el Ayuntamiento durante estos años por limitar una actividad económica, explican desde la asociación.
De manera paralela la Asociación de Apartamentos Turísticos de la Comunidad Valenciana (APTUR CV) continúa con la demanda al Ayuntamiento de Valencia por considerar una medida desproporcionada y carente de justificación sólida la moratoria de licencias para nuevas viviendas de uso turístico (VUT). La demanda, ya admitida a trámite por el TSJCV, se acompaña de un dictamen pericial elaborado por la consultora especializada en Big Data y Location Intelligence inAtlas, que desmonta categóricamente los argumentos del Ayuntamiento con datos precisos.
