El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar mañana un decreto ley para actualizar las entregas a cuenta destinadas a comunidades autónomas y ayuntamientos, una medida anunciada hoy por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La decisión, que busca inyectar oxígeno financiero a las administraciones territoriales, ha reavivado el debate político y ha generado una contundente respuesta desde la Comunitat Valenciana, que acusa al Ejecutivo central de retener fondos por «tacticismo político».
Montero defendió la necesidad de la aprobación de este decreto ley, a pesar del voto en contra inicial del Partido Popular en un intento por «lograr una derrota parlamentaria». La ministra subrayó la urgencia de estos recursos para las comunidades y ayuntamientos y apeló a un posible cambio de postura del PP. Asimismo, la titular de Hacienda reiteró el compromiso del Gobierno con su agenda legislativa, destacando el buen momento económico del país, con cifras récord de empleo y una mejora sustancial del salario mínimo y las pensiones. «Nos sobran los motivos para estar comprometidos e ilusionados y para impulsar la legislatura», afirmó Montero.
La respuesta de la Comunitat Valenciana no se hizo esperar. Ruth Merino, consellera de Hacienda y Economía, acusó directamente al Gobierno de España de haber «retenido» las entregas a cuenta durante seis meses y tildó la aprobación inminente de la medida como puro «tacticismo político». Merino exigió a la ministra Montero que no «tome por tontos a los ciudadanos» y que el decreto se limite «únicamente» a la actualización de las entregas a cuenta.
Fuentes de la Generalitat fueron aún más allá, asegurando que las declaraciones de Montero demuestran que el Gobierno ha estado «mintiendo y reteniendo fondos que son de las autonomías». Calificaron la medida como la «corrección de una injusticia mantenida de forma deliberada» y denunciaron que, solo en el caso de la Comunitat Valenciana, el Gobierno ha retenido 165 millones de euros mensuales desde el 1 de enero. Estas fuentes atribuyen la decisión actual del Ejecutivo central a «pura debilidad política» y presión de sus socios, en lugar de una rectificación genuina.
Urgencia por el FLA Extraordinario
Más allá de las entregas a cuenta, la Generalitat ha puesto el foco en la imperiosa necesidad de un Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) extraordinario para hacer frente a la «asfixia financiera». La consellera Merino ha insistido en que este mecanismo es vital para pagar a los proveedores de servicios fundamentales y ha lamentado que, a pesar de 13 años de espera, aún no se haya aprobado.
La falta de mención al FLA extraordinario por parte de la ministra Montero ha generado alarma en el Consell, que teme una prolongación de la «asfixia» valenciana en un momento crítico. Advertencia grave: la Generalitat podría no poder atender el pago de suministros básicos como farmacia si el presidente Pedro Sánchez «mantiene su asfixia» y no aprueba urgentemente el FLA. La «foto de tesorería» a 30 de abril revela una deuda comercial disparada, superando los 1.767 millones de euros, afectando a sectores clave como la farmacia hospitalaria, proveedores sanitarios, servicios esenciales y conciertos con residencias.
El gobierno valenciano, liderado por Carlos Mazón, ha reiterado su demanda del FLA extraordinario, un mecanismo que consideran imprescindible para compensar la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana. Han lamentado la falta de apoyo del PSPV y, en particular, de la ministra Diana Morant, a quien acusan de anteponer los intereses de Sánchez a los derechos de los valencianos.
Mientras el Gobierno central avanza en la distribución de fondos largamente esperados, la tensión entre administraciones crece, evidenciando las profundas divisiones en la gestión de la financiación autonómica y la urgente necesidad de soluciones para garantizar la prestación de servicios esenciales a los ciudadanos.
