El presidente del área de Justicia del sindicato CSIF en la Comunidad Valenciana, Bruno Antuña, ha lanzado duras críticas al Gobierno de Pedro Sánchez por su impulso de la reforma del sistema judicial, a la que acusa de poner en riesgo los fundamentos del Estado de Derecho. En unas declaraciones contundentes, Antuña ha asegurado que «nunca nadie había atravesado tantas líneas rojas como Sánchez», y considera que el Ejecutivo “quiere controlar todo al 100%” mediante cambios normativos que permitirán influir en el avance o freno de causas judiciales a través de la Fiscalía.
Según Antuña, el escenario actual refleja una “lucha a muerte entre el poder ejecutivo y el judicial”. En su opinión, el Gobierno busca subordinar la Justicia como única vía para su supervivencia política: “El primero sabe que su única salida es controlar al otro, ya que el final es el paro o la justicia, y el otro solo está luchando por su independencia”.
Uno de los aspectos más preocupantes, a juicio del sindicato, es la urgencia con la que el Gobierno quiere aprobar la reforma, con el objetivo de “minimizar los daños” antes de que se produzca una reacción social o institucional. “Los fiscales actúan bajo dependencia jerárquica y un fiscal general del Estado viene de ser ministra de Justicia”, ha recordado Antuña, en alusión a la actual titular de la Fiscalía General.
En sus declaraciones, el dirigente sindical también ha criticado que el órgano de gobierno de los jueces —el Consejo General del Poder Judicial— no sea elegido por los propios magistrados. “No tiene ningún sentido, y lo peor es que la gente no es consciente de que poco a poco se están perdiendo los pilares fundamentales del Estado de Derecho”, ha alertado.
Antuña ha lamentado que las nuevas leyes dejan sin margen a los jueces, obligados a aplicar normas dictadas por unas mayorías parlamentarias que, según él, “lo último que les importa es la independencia judicial”. Ha señalado directamente al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, al que acusa de actuar «a su antojo, sin contar con ningún operador jurídico».
El sindicato también advierte de un cambio estructural profundo en la organización judicial a partir del próximo 1 de julio. “Desaparecen los juzgados y se van a crear plazas de instancia”, ha explicado Antuña. Según sus palabras, esto supondrá el fin del modelo en el que cada juez era responsable de su juzgado. A partir de ahora, las decisiones se tomarán de forma colegiada entre los jueces del partido judicial, lo que —en su opinión— diluye la responsabilidad individual y pone en riesgo el principio de seguridad jurídica.
Además, denuncia que esta reorganización no viene acompañada de nuevas infraestructuras ni recursos: “No van a haber juzgados nuevos, sino que se crearán plazas únicas y la comunidad autónoma ya lo gestionará como pueda”.
