La respuesta a la devastadora dana del 29-O en la Comunitat Valenciana sigue marcada por las tensiones entre el Gobierno central y el Ayuntamiento de Valencia, a pesar de la presentación hoy de un «Plan para la recuperación y mejora de la resiliencia frente a las inundaciones» con una inversión inicial de 530 millones de euros.
El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha viajado este jueves a Valencia para desvelar este ambicioso plan de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que busca abordar las inundaciones futuras. Morán se mostró optimista respecto al proyecto clave del encauzamiento del barranco de La Saleta, afirmando que las «dudas» del Ayuntamiento de Valencia están «prácticamente resueltas» tras reuniones técnicas, esperando que el proyecto «salga en fechas próximas».
Sin embargo, el concejal del Ciclo del Agua de Valencia, Carlos Mundina, ha mantenido sus reservas, señalando que las alegaciones municipales no han recibido una respuesta satisfactoria. Mundina incluso advierte del riesgo que una dana como la del 29-O habría supuesto para las pedanías de Valencia si los caudales del barranco de La Saleta hubieran sido desviados al nuevo cauce del Turia sin garantías. Este proyecto, que destinará 90 millones de euros al desvío del barranco de La Saleta y su conexión con el nuevo cauce del Turia, es una de las primeras grandes actuaciones previstas. Morán insistió en que el Ministerio no quiere «caer en la dinámica de situaciones del pasado» donde los proyectos quedaban sin ejecutar por falta de acuerdo, apelando a la colaboración interadministrativa. «No sería responsable hacia el futuro y no sería justo para con los ciudadanos que han sufrido hasta los límites que han sufrido», remarcó, asegurando que los proyectos «no pueden estar eternamente sometidos a debate».
El plan, que será público desde este viernes con un mes para aportaciones, contempla 192 millones de euros para la adaptación y mejora de proyectos ya existentes, cuyas obras se licitarán antes de finales de 2025. Además, destina 335 millones de euros para nuevos proyectos y otros adaptados a los escenarios climáticos post-dana, con licitaciones previstas para este año y definición en 2026. Una inversión de 60 millones de euros a partir de 2025 está destinada a un programa de adaptación al riesgo de inundación en edificios y viviendas, que incluirá medidas como la elevación de accesos o la creación de puertas estancas. Entre las obras específicas mencionadas, Teodoro Estrela, responsable del plan, destacó la mejora de la peligrosidad en el bajo Júcar (42 millones de euros), la creación de zonas de laminación de caudales en el Barranco de Pozalet-Saleta para proteger poblaciones y polígonos industriales, y actuaciones similares en el Barranco del Poyo, incluyendo el desvío de caudales hacia el nuevo cauce del Turia.
Desde la Generalitat, el secretario autonómico de Medio Ambiente, Raúl Mérida, ha sido contundente: muchas de estas obras «se deberían haber hecho hace mucho tiempo» y la Generalitat estará «vigilante» para que «no se consienta ni un solo día de retraso». El alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, mostró cautela, pero «esperanzado» tras años de espera. La presidenta de la Associació de Víctimas Mortales 29-O, Rosa Álvarez, expresó su confianza en el plan y la intención de ejecutar las obras de manera progresiva. Paralelamente al plan a largo plazo, la CHJ está ejecutando obras de emergencia valoradas en 220 millones de euros para restaurar daños y mejorar la resiliencia. Sin embargo, el presidente de la CHJ, Miguel Polo, advirtió de dificultades como la falta de maquinaria y mano de obra. De estas obras, 23 están finalizadas, 80 en ejecución y 89 en planificación. El Gobierno central ha reiterado su compromiso de ejecutar todos los proyectos y no «caer en errores del pasado», a pesar de las críticas o presiones.
