La Generalitat Valenciana cierra el ejercicio 2024 en números rojos. Concretamente, el resultado económico-patrimonial es de -4.589,79 millones de euros, casi el doble que el año anterior, una cifra directamente impactada por las consecuencias de la devastadora dana. Ante este escenario y la persistente incertidumbre sobre la llegada de 2.495 millones de euros del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), el president Carlos Mazón ha anunciado un plan de choque para contener el gasto, que podría activarse el próximo 7 de julio si los fondos no se liberan, tal y como ha avanzado Europa Press.
El Consell ha celebrado un pleno extraordinario este jueves para remitir la Cuenta General de la Generalitat de 2024 a la Sindicatura de Comptes. El informe refleja el impacto extraordinario de la riada, con una provisión de 604,22 millones de euros destinada a cubrir los daños estimados en infraestructuras y bienes. Además, la administración autonómica ha destacado su “respuesta inmediata” a la catástrofe, con la aprobación de decretos de ayudas urgentes por un total de 291,6 millones de euros en 2024, de los cuales el 71,76% fue concedido y el 68,20% ya pagado. Esta situación financiera, sumada a la demora en la aprobación del FLA por parte del Gobierno central –pendientes de un informe de la IGAE ya publicado–, ha llevado a la Generalitat a achacar la necesidad del plan a una “estrategia de asfixia” por parte del Estado, en un contexto de infrafinanciación autonómica.
La iniciativa de Mazón, comunicada en una reunión con altos cargos, pone el foco en diversas áreas para la reducción y optimización del gasto. Se ha solicitado a todas las consellerias que presenten propuestas concretas de ahorro el próximo lunes, con directrices claras: la “racionalización y rentabilización” del patrimonio de la Generalitat, lo que podría implicar la venta o alquiler de inmuebles. También se contemplan medidas para el control de personal, con énfasis en la lucha contra el absentismo laboral y el control horario, y un plan de “rigurosidad en la gestión” para el sector público instrumental, buscando evitar duplicidades y eliminar cualquier “gasto superfluo”.
Además, el Consell prevé una revisión exhaustiva de las subvenciones para analizar cuáles pueden minorarse o eliminarse, y se buscará maximizar el ahorro mediante la digitalización de la administración. La Presidencia constituirá un Comité Permanente de Seguimiento con Hacienda y las consellerias de mayor peso presupuestario –Servicios Sociales, Sanidad y Educación– para constatar “avances en mejora de gestión, controlar desviaciones y garantizar eficiencia en la ejecución” presupuestaria.
En un contexto de desafío financiero sin precedentes, marcado por la factura de la dana y la tensión con el Gobierno central, el Consell de Mazón se ve abocado a implementar un plan de ajuste que busca la máxima eficiencia en el gasto público. La medida, que se activaría en cuestión de días, subraya el compromiso de la Generalitat por asegurar la estabilidad económica de la autonomía y garantizar la prestación de servicios esenciales, a la espera de la resolución de la financiación estatal.
