El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha vuelto a alzar la voz por el grave perjuicio que sufre la región como consecuencia del actual sistema de financiación autonómica, al que ha calificado de “caducado y profundamente injusto”.
Navarro ha recordado que el modelo está caducado desde hace 14 años y que la Comunitat Valenciana arrastra una renta per cápita un 14% inferior a la media nacional, un desequilibrio que repercute directamente en los servicios públicos. “Aquí han pasado gobiernos del PP y del PSOE, se han hecho manifestaciones conjuntas de sindicatos y patronal, pero como los dos partidos mayoritarios no son capaces de sentarse juntos, no podemos avanzar”, ha lamentado.
El presidente de la patronal valenciana ha reprochado tanto al Gobierno central como a las autonomías gobernadas por el PP su falta de responsabilidad y voluntad de diálogo. “Nos quejamos de la ministra Montero, y con razón, pero también es incomprensible que las comunidades del PP se levantaran de la mesa del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Cada acción tiene su reacción”, ha afirmado.
Navarro también ha criticado la falta de sensibilidad de la ministra de Hacienda. “Montero no ha venido a ver la realidad de esta tierra, que se ha agravado. No es un problema de la Generalitat, es un problema de todos los ciudadanos, porque la administración se aboca al colapso, y eso afecta directamente a los servicios básicos”, ha advertido.
Sobre la situación financiera inmediata, Navarro ha denunciado la posibilidad de que el Gobierno central no transfiera las entregas a cuenta ni el FLA a la Comunitat. “No estamos pidiendo nada que no nos corresponda. Se trata de fondos básicos para poder funcionar mientras seguimos atrapados en un modelo injusto. Y este Gobierno, con esa realidad, va camino de impagar”, ha aseverado.
Finalmente, el presidente de la CEV ha recordado una reunión en Moncloa con el presidente del Gobierno y el ministro de Economía, donde los empresarios expusieron su esfuerzo por apoyar a sus trabajadores. “Planteamos que las empresas ayudaban en situaciones personales de sus empleados, pero la Administración luego obligaba a tributar por esas ayudas, alejándose completamente de la realidad. Los empresarios queremos ayudar, no buscar privilegios”, ha concluido.
