Un hito en la política territorial española se ha marcado este lunes, con la Comisión Bilateral Estado-Generalitat bendiciendo las bases de un nuevo modelo de financiación para Cataluña. Como ya informamos en Interdiario este acuerdo no solo es «singular», sino que también se presenta como «federal y generalizable», sentando los principios para un paradigma distinto al del modelo actual, que lleva casi 12 años caducado. El pacto abre la puerta a que otras comunidades autónomas que así lo deseen puedan gestionar la totalidad de sus impuestos, reestructurando los mecanismos de nivelación territorial a nivel nacional. Pero, para el resto de comunidades autónomas, este acuerdo es un agravio en toda regla que solo se disfraza de oportunidad y un nuevo ‘café para todos’ porque el Ejecutivo ha vendido el relato del acuerdo sobre la premisa de que lo pactado con Cataluña podrá extenderse al resto de territorios.
Este consenso responde directamente a la necesidad de cumplir con el compromiso alcanzado entre Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y el Partido Socialista a cambio de la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que el pacto recibirá la aprobación oficial «en breve» por parte del Consejo de Ministros. Asimismo, el Gobierno aspira a que el documento sea debatido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) «tras el verano», aunque fuentes del ejecutivo apuntan que este cónclave solo se convocará si se vislumbra un mínimo de consenso entre las comunidades.
Desde el gobierno de España seguiremos trabajando para un nuevo sistema de financiación para las CCAA, caducado desde 2014, y que el PP, con Rajoy en el Gobierno y durante 4 años, fue incapaz de actualizar. (Ministro Torres, en su cuenta de X).
Este es básicamente el acuerdo. Suficiencia financiera y corresponsabilidad para Cataluña y resto de CCAA. Solidaridad. Bilateralidad y multilateralidad. Financiación adicional para todas las CCAA. Modelo mejorado de las entregas a cuenta. Cambios legislativos – mayoría absoluta en Cortes- para mayores competencias en la Agencia Tributaria Catalana y Grupo de Trabajo al respecto. (Ministro Torres, en su cuenta de X).
El plan del Gobierno central contempla impulsar las modificaciones legislativas necesarias en el Congreso de los Diputados también a partir del mes de septiembre. Estas incluyen la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), la ley de cesión de tributos y la de regulación del sistema de financiación de régimen común. Sin embargo, el camino parlamentario se vislumbra complejo, con el rechazo inicial ya expresado por Junts per Catalunya, quienes han advertido que el acuerdo «no palía en absoluto el déficit fiscal de Cataluña».
La Agència Tributària de Catalunya
Aunque el acuerdo entre ERC y el PSC preveía que la Generalitat comenzaría a gestionar el IRPF de forma exclusiva a partir de 2026, la realidad práctica parece indicar que esta gestión no podrá ser totalmente exclusiva en un inicio. El consejero de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, ha señalado que, además del nuevo marco normativo, será imprescindible que la Agència Tributària de Catalunya (ATC) adquiera una «musculatura de la que ahora carece». Dalmau ha puesto de manifiesto la asimetría actual al comparar el personal de la ATC, que cuenta con aproximadamente 800 empleados, frente a los más de 4.000 de la Agencia Estatal en Cataluña. Pese a este desafío, el consejero ha mantenido una postura optimista, afirmando: “Lo importante es que vamos avanzando”.
No obstante, no todos lo ven desde este punto de vista. La posibilidad de crear ciudadanos de segunda y de primera es real, si no es que ya existe con el actual sistema de financiación, sin contar con el concierto vasco y el convenio navarro. La propuesta que se lleva Illa bajo el brazo menguará los recursos del Estado y eso acabrá afectando al nivel de inversiones de las regiones más rezagadas: Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Canarias. La Comunitat Valenciana y la Región de Murcia van después en esta lista de pobreza y desigualdad.
En una comparecencia conjunta desde el Palau de la Generalitat, el ministro Torres y el consejero Albert Dalmau han recalcado la trascendencia del pacto alcanzado. “Es un acuerdo entre instituciones con el que pasamos de un modelo centrado en los gastos a uno que mira los ingresos y se basa en la corresponsabilidad”, ha explicado Dalmau, destacando el cambio filosófico del sistema. Por su parte, el ministro Torres ha reiterado la «voluntad de llevarlo al Consejo de Ministros con la mayor premura posible» y ha aprovechado para reclamar al Partido Popular que se implique activamente en esta reforma crucial. Asimismo, ha criticado a comunidades autónomas gobernadas por los populares, en especial a la de Madrid, por «reclamar más recursos al Estado mientras rebajan impuestos a las grandes fortunas».
El consejero Dalmau ha insistido en que las bases de esta nueva financiación «se pactan con Cataluña», pero ha asegurado que están abiertas para que el resto de las autonomías puedan beneficiarse de ellas. Un punto central del debate ha sido cómo encajar el respeto a la «ordinalidad» con el principio de «solidaridad». Dalmau ha confirmado que ambos conceptos serán respetados y que el modelo también tomará en cuenta las singularidades de cada territorio. “Se habla de bilateralidad para las competencias que afectan la singularidad de cada comunidad autónoma, pero al mismo tiempo con la multilateralidad para las competencias homogéneas del sistema”, ha detallado, buscando conciliar ambos enfoques.
La «ordinalidad» es un concepto clave en el sistema de financiación y se refiere a que una comunidad autónoma no debe perder puestos en el ranking de lo que recibe del sistema de financiación después de haber aportado a la caja común. Actualmente, Cataluña es un ejemplo de esta distorsión, ya que pasa de ocupar la tercera posición en riqueza per cápita antes de la aportación a la décima posición después de la nivelación.
El texto del acuerdo alcanzado aborda esta cuestión de manera explícita. Plantea que Cataluña, o cualquier comunidad que decida sumarse a este nuevo modelo y esté en condiciones de hacerlo, deberá realizar una «aportación solidaria al conjunto del sistema». Sin embargo, el preámbulo del documento establece una condición fundamental para esta aportación: debe ser “calculada, de manera transparente en la comisión con criterios objetivos y es condición necesaria que su aplicación no pueda desvirtuar la ordinalidad en el resultado final”. Esta cláusula busca asegurar que la solidaridad no penalice la posición relativa de las comunidades que más contribuyen, un punto de fricción histórico en el debate de la financiación autonómica en España.
