La Comisión Europea ha iniciado oficialmente un procedimiento de infracción contra España, marcando el inicio de un choque institucional que se veía venir desde finales de mayo a raíz de la oferta pública de adquisición (OPA) del BBVA sobre el Banco Sabadell. Bruselas considera que la legislación española en materia bancaria, vigente desde 2014 y 2015, otorga al Ministerio de Economía poderes discrecionales «sin límites» sobre las operaciones corporativas de las entidades financieras, lo que, a su juicio, contraviene el derecho de la Unión Europea y socava las competencias exclusivas del Banco Central Europeo (BCE). A pesar de la apertura de este expediente, las autoridades comunitarias han precisado que esta batalla legal no implica, por el momento, cambio alguno en la OPA en curso ni en las condiciones que pesan sobre ella.
Los orígenes de este pulso se remontan al lanzamiento de la OPA hostil por parte del BBVA el pasado 9 de mayo de 2024. Apenas dos días después, una alerta ciudadana a la Comisión Europea señaló que la ley de entidades de crédito española (diciembre de 2014) y su reglamento de desarrollo (febrero de 2015) podrían chocar con las normas financieras y los tratados de la UE. Esta comunicación desencadenó un diálogo entre Bruselas y el Ministerio de Economía español que, como evidencia el paso dado este jueves y las reiteradas declaraciones en sentido contrario del ministro Carlos Cuerpo, no llegó a buen puerto.
El comunicado oficial de Bruselas es claro: “La Comisión considera que determinadas disposiciones de la ley bancaria española y de la ley de competencia española, que otorgan al Gobierno español poderes ilimitados para intervenir en las fusiones y adquisiciones de bancos, vulneran las competencias exclusivas del BCE y de los supervisores nacionales”. Además, se subraya que «esos amplios poderes discrecionales constituyen restricciones injustificadas a la libertad de establecimiento y de movimientos de capitales”.
Respuestas
Por su parte, el Ministerio de Economía ha anunciado que «comunicará su respuesta en el plazo de dos meses» y que «seguirá cooperando constructivamente con las instituciones europeas para explicar y aclarar cualquier diferencia jurídica o técnica».
En el fondo de este procedimiento de infracción subyace el hartazgo de la Comisión Europea ante la aparente contradicción de los Estados miembros. Bruselas lamenta que, mientras los gobiernos defienden la Unión Bancaria y la necesidad de que las entidades ganen tamaño —especialmente a través de fusiones transfronterizas—, a menudo ponen obstáculos cuando se materializan este tipo de operaciones corporativas. Ejemplos de ello, además del caso español, han sido el intento de compra de BPM por Unicredit en Italia o la entrada de Unicredit en el capital de Commerzbank en Alemania.
Esta postura de la Comisión, que ya se anticipó a finales de mayo, se alinea con la idea de que “las consolidaciones en el sector bancario benefician a la economía de la UE en su conjunto y son esenciales para la realización de la Unión Bancaria”, según reza el comunicado comunitario. Argumentan que estas fusiones aseguran una asignación eficiente del capital y el acceso a productos financieros competitivos, un objetivo clave de la Unión del Ahorro y la Inversión, a pesar de que esto pueda implicar una reducción de actores en el mercado y, potencialmente, menores remuneraciones para los depósitos de los ahorradores, como se ha observado en España en los últimos años. Cabe destacar que la dirección del procedimiento recae en el departamento de la comisaria de Servicios Financieros, Maria Luís Albuquerque, dado que el negocio de BBVA y Sabadell en la UE se concentra mayoritariamente en España.
Tras la apertura del expediente, el Ministerio de Economía español recibirá una carta formal de la Comisión instándole a modificar las normas consideradas contrarias al derecho de la Unión. España tendrá un plazo de dos meses para responder. Si la contestación no satisface a Bruselas, el Ejecutivo comunitario remitirá un «dictamen motivado», dando a Madrid otro plazo, también de dos meses (o más si los cambios son complejos), para subsanar la situación. En caso de que el problema persista, la Comisión Europea podrá elevar el caso a los tribunales, ante el Tribunal de Justicia de la UE, lo que podría derivar en una multa económica para España si el pleito se resolviera en su contra.
