La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha lanzado una contundente advertencia sobre la propuesta de un régimen de financiación singular para Cataluña, calificándola de una medida que «dinamita nuestro sistema tributario» y que, de implementarse, tendrá consecuencias graves y potencialmente «irreversibles» para la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y el conjunto del Estado español. En un informe publicado esta semana, la IHE subraya que este nuevo modelo incumple principios constitucionales fundamentales y amenaza la cohesión financiera del país.
El documento de la IHE, consultado por este digital, titulado «Nuevos pasos hacia la independencia fiscal de Cataluña», se publica tras una reunión bilateral celebrada el 14 de julio de 2025 entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña, en la que se acordó implantar de forma gradual dicho régimen, comenzando por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en el año 2026. La IHE reconoce que el actual régimen de financiación autonómica necesitaba una reforma urgente desde hace una década, sin que ningún gobierno lo haya logrado. Sin embargo, la solución propuesta —un régimen de financiación singular para Cataluña— es vista por los inspectores como un invento «no contemplado en la Constitución» que «dinamita nuestro sistema tributario actual».
El modelo propuesto implicaría la «asunción total de los impuestos generados en Cataluña» , otorgando a la Generalitat «plena capacidad normativa, el traspaso de la gestión y recaudación de los impuestos y la disponibilidad de todos los recursos provenientes de estos tributos». A cambio, la Generalitat realizaría dos aportaciones al Estado: una para compensar el coste de los servicios estatales en Cataluña, y otra en forma de fondos de reequilibrio territorial para garantizar la equidad horizontal con comunidades de menor capacidad fiscal.
Desde el punto de vista organizativo, este régimen supondría la «desaparición de la AEAT de Cataluña», con el traspaso de todos sus medios materiales y humanos a la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC). La IHE subraya que la gradualidad en la implantación, empezando por el IRPF en 2026, obedece únicamente a la «imposibilidad material» de la ATC para asumir la gestión y recaudación de todos los impuestos de forma inmediata. Los inspectores advierten: «los pasos que se están dando son el inicio del camino para llegar a la plena soberanía fiscal de Cataluña, pasos estos que van a ser irreversibles».
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La Asociación también desmiente la afirmación de la ministra de Hacienda sobre la posibilidad de extender este régimen a todas las Comunidades Autónomas que lo soliciten. Según la IHE, esto tendría dos consecuencias «muy graves»: la «desaparición de la AEAT, que quedaría troceada y repartida entre todas las CCAA» , y la «desaparición del Estado, ya que no dispondría de los fondos necesarios para cumplir con sus funciones», como el pago de pensiones, intereses de la deuda pública, gastos de servicios sociales o prestaciones por desempleo.
Violación de principios constitucionales
El informe de la IHE destaca que, desde el inicio del proceso, ningún experto ha señalado efectos positivos de este régimen, atribuyéndolo únicamente a la «exigencia política de los independentistas catalanes». Además, critican que el informe del comité de expertos creado por la Generalitat para su implantación aún no ha sido publicado. Los Inspectores de Hacienda ya habían alertado en marzo de 2024 sobre las «graves consecuencias» de esta propuesta, insistiendo en que la «Financiación Singular de Cataluña» carece de «amparo en la Constitución», y su aplicación incumpliría los principios constitucionales de «igualdad y de solidaridad, entre otros».
La cesión de la gestión tributaria, según la IHE, supondría un retroceso en la administración de los impuestos, violando principios básicos como la necesidad de un sistema de información único, una caja única, una gestión integrada de las retenciones y un control integral de las actividades económicas. La Asociación detalla las «consecuencias graves» de ceder la gestión del IRPF a Cataluña, que es el impuesto más importante, representando el 42,85% de los ingresos tributarios nacionales. En 2022, Cataluña concentró el 17,47% de las declaraciones de IRPF y el 19,35% de los ingresos de este impuesto a nivel nacional.
El informe explica que, si las empresas catalanas ingresaran las retenciones de IRPF en Cataluña, incluso para trabajadores domiciliados en otras comunidades, se generaría un «problema imposible» de conciliación de información para las devoluciones, ya que la información estaría en bases de datos independientes. Lo mismo ocurriría con empresas del resto de España con trabajadores en Cataluña. Además, sería imposible enviar datos fiscales a los contribuyentes y realizar los cruces de información para detectar riesgos fiscales. La IHE enfatiza que la coordinación prevista entre administraciones no sería «eficaz» si las bases de datos están fraccionadas. Como ejemplo de la eficacia actual, el informe cita datos de la AEAT del 2 de julio de 2025, que había devuelto ya 9.100 millones de euros a más de 12.500.000 contribuyentes en la Campaña de Renta. Con una base de datos fraccionada, los inspectores aseguran que sería «imposible» alcanzar esta eficiencia o prestar servicios como Renta WEB, Renta Directa o los avisos preventivos que evitan posteriores comprobaciones.
Los inspectores también advierten de «graves perjuicios» en la lucha contra el fraude fiscal. La disgregación del control tributario «dificultaría enormemente la eficacia», especialmente en «fraudes de carácter organizado, como las tramas de IVA». La detección de riesgos fiscales se basa en el cruce integral de información de diversas fuentes (declaraciones, notarios, Catastro, Tráfico, e intercambios internacionales). Una información fraccionada impediría los resultados actuales en la lucha contra el fraude.
Finalmente, la IHE recalca que la AEAT no solo gestiona el sistema tributario, sino que es un «órgano vertebrador de las políticas sociales del Estado». La agencia gestiona prestaciones no tributarias como deducciones del IRPF (madres trabajadoras, familias numerosas), bonificaciones en el gasóleo o la gestión del ingreso mínimo vital. Estas funciones vitales dependen de la estructura organizativa y la capacidad de atención de la AEAT en toda España.
La fragmentación de la AEAT y sus bases de datos, concluyen los inspectores, significaría que «no se dispondría de la información necesaria para poder efectuar el pago de estas prestaciones a los ciudadanos con domicilio en Cataluña». Ante este panorama, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado reitera su solicitud al Gobierno para que la AEAT «no se convierta en moneda de cambio en las negociaciones».
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