La Asociación de Apartamentos y Viviendas de Uso Turístico de la Comunidad Valenciana (APTUR CV) ha formalizado la demanda judicial contra la suspensión de nuevas licencias para el uso de vivienda turística adoptada por el Ayuntamiento de Alicante, considerando que la medida carece de sustento real. “Queremos insistir en que el informe que utiliza el propio Ayuntamiento para justificar la moratoria sostiene exactamente lo contrario a la medida aprobada: concluye que Alicante no sufre un exceso de viviendas turísticas ni un impacto negativo significativo sobre la vivienda ni la convivencia”, denuncian desde APTUR CV.
“El propio estudio técnico elaborado por Estrategia y Organización, S.A. descarta la existencia de una presión urbanística relevante de las VUT en la ciudad, pero ese resultado ha sido ignorado de forma evidente”. También, insisten en que son un gran motor económico para la ciudad ya que las viviendas de uso turístico y apartamentos turísticos generaron un impacto en la ciudad de Alicante de 220 millones de euros en 2024 según la consultora de Big Data inAtlas.
De este modo, la moratoria carece totalmente de justificación en el propio informe del que parte. “Es incomprensible que se utilice como pretexto un informe que determina que en Alicante la incidencia de las viviendas de uso turístico es moderada y que no existen zonas de mercado residencial tensionado, como sí ocurre en otras grandes ciudades”, afirma la presidenta de la asociación, Silvia Blasco. “La actuación del Ayuntamiento no se basa en criterios técnicos ni datos objetivos, sino en intereses políticos y mediáticos que perjudican a miles de ciudadanos”.
Decisiones arbitrarias que perjudican a la ciudadanía
Además, la demanda destaca que la suspensión de licencias se ha acordado, a pesar de que el estudio técnico ha manifestado que la ciudad de Alicante no experimenta una alta presión urbanística por parte de las VUT. “Estamos ante una decisión de tinte político que va en contra de los intereses generales de la ciudadanía. Se utilizan argumentos infundados para atacar y desprestigiar, incluso de forma personal, a quienes forman parte del sector de la vivienda turística”, añade Blasco. “Estas políticas restrictivas no sólo perjudican a los empresarios y trabajadores del sector, sino a todos los alicantinos, pues limitan la oferta de alojamiento, reducen ingresos y empleo, y atentan contra la convivencia”.
“No hay pruebas de que la vivienda turística esté desplazando a la residencial en Alicante, ni de que perjudique la convivencia vecinal o el tejido social. Todo se fundamenta en suposiciones sin base objetiva, ignorando la realidad que constata el propio informe técnico encargado por el consistorio”, puntualiza la presidenta de APTUR CV.
APTUR CV denuncia también el daño que esta suspensión de licencias causa a cientos de familias, autónomos y pequeñas empresas que dependen de la gestión de viviendas de uso turístico. “Estamos hablando de más de 2.500 empleos directos e indirectos, de la oferta turística complementaria que hace posible la desestacionalización y la llegada de nuevos perfiles de visitantes. Este tipo de decisiones arbitrarias ponen en riesgo el futuro de muchas personas y restan competitividad a Alicante como destino”, subraya Blasco.
Reclaman responsabilidad, diálogo y rigor
Desde la asociación se reclama al Ayuntamiento de Alicante una rectificación, la retirada de la suspensión de licencias y la apertura de un proceso de diálogo con el sector y los expertos independientes. “Estamos a favor de la regulación, del control y de medidas que eviten los posibles efectos negativos del turismo, pero siempre sobre la base de una información veraz y objetiva, no sobre rumores o intereses partidistas”, concluye Silvia Blasco.
APTUR CV confía en que la justicia restablezca la legalidad y la seguridad jurídica, y reitera su disposición a trabajar conjuntamente con las administraciones para una convivencia equilibrada y sostenible entre los diferentes usos residenciales y turísticos.
