“Entre todas la mataron y ella sola se murió”. Refranero español
Esta frase se emplea cuando nadie desea asumir la parte que le corresponde de la responsabilidad de algún suceso infausto, y en cuyo resultado ha contribuido. Siempre que se habla de un suceso o hecho, lo primero que nos debemos preguntar es si se ha producido, a continuación si existían instrumentos que de haberse aplicado podían haber evitado que el suceso o hecho se produjera. Si a pesar de todo el suceso o hecho se produce, lo último que nos tendríamos que preguntar es cuales fueron las causas que lo produjeron, y quienes fueron los responsables del mismo.
En esta primera parte del artículo vamos tratar sobre el suceso en sí, ESPAÑA ARDE, y sobre sí existían los instrumentos necesarios para evitar que se produjeran los mayores incendios forestales de la historia.
ESPAÑA ARDE
Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (en lo sucesivo MITECO), en la última década 2015-2024, los mayores incendios forestales se produjeron en el año 2022.
En dicho año 2022 se produjeron un total de 10.486 incendios forestales:
- 7.048 fueron conatos de incendios (superficie menor de 1 Ha)
- 3.381 fueron incendios normales (superficie mayor o igual a 1 Ha y menor o igual a 500 Ha).
- 57 fueron grandes incendios (superficie mayor de 500 Ha)
La superficie forestal afectada por los incendios alcanzó la cifra de 263.218,83 Ha (1% aprox. de la superficie forestal nacional, y la zona noroeste de España (compuesta por Galicia, Asturias, Cantabria y las provincias de Zamora y León) similar a la que actualmente sigue ardiendo los datos fueron:
- 3.480 incendios forestales.
- 110.236 Ha afectadas por los incendios forestales.
Como se observa, y aunque la tragedia es enorme, no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo en la actualidad ya que los incendios forestales, de este año 2.025, en la zona noroeste indicada superan a fecha de hoy las 400.000 Ha, cifra que desgraciadamente aumentará al existir en la actualidad incendios forestales que no han sido controlados, y otros estabilizados que se podrían reavivar si las condiciones climáticas no acompañan.
En la Comunidad de Galicia se ha llegado a la situación 2 de alerta, y según datos de la Consejería de Medio Rural la actualidad de los incendios forestales es la siguiente:
- Provincia de Lugo
1 incendio controlado y 1 incendio activo (superficie forestal afectada= 660 Ha aprox.).
- Provincia de Orense
3 incendios extinguidos, 2 incendios controlados, 6 incendios estabilizados y 1 incendio activo (superficie forestal afectada= 90.610 Ha aprox.).
- Provincia de Pontevedra
1 incendio extinguido (superficie forestal afectada= 72,17 Ha).
En el Principado de Asturias se ha llegado a la situación 2 de alerta, y según datos de la Consejería de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios la actualidad de los incendios forestales por Concejos es la siguiente:
- 4 incendios extinguidos, 2 incendios estabilizados y 3 incendios activos (superficie forestal afectada= 5.600 Ha aprox.).
En la Comunidad de Cantabria se ha llegado a la situación 2 de alerta, y según datos de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación la actualidad de los incendios forestales es la siguiente:
- No existen incendios activos (superficie forestal afectada= 6.300 Ha aprox.).
En la Provincia de León se ha llegado a la situación 2 de alerta, y según datos de la Junta de Castilla y León la actualidad de los incendios forestales es la siguiente:
- 4 incendios extinguidos, 2 incendios controlados, y 2 incendios activos (superficie forestal afectada= 75.000 Ha aprox.).
En la Provincia de Zamora se ha llegado a la situación 2 de alerta, y según datos de la Junta de Castilla y León la actualidad de los incendios forestales es la siguiente:
- 9 incendios controlados, y 8 incendios activos (superficie forestal afectada= 105.000 Ha aprox.).
Con todo ello a día 26 de Agosto de 2025 en la zona noroeste la superficie forestal afectada por los incendios asciende a la cantidad de 280.000 Ha aprox. dos vece y media más que en el peor año del decenio 1015-2024 (año 2022), y la cifra no es definitiva al existir todavía en 15 incendios activos en la zona indicada, y lo que es peor los incendios forestales en España se han cobrado 8 victimas mortales
Una vez constatado que el hecho de que España arde (en la zona noroeste mayoritariamente) es una realidad, vamos a analizar a continuación si existían los instrumentos necesarios para evitar o minimizar la tragedia que estamos viviendo en este verano de 2025, y para ello debemos empezar por el principio.
COVID-19
En el año 2020 y 2021, y en menor medida los años 2022 y 2023, España fue asolada por la pandemia mundial COVID-19, que en el año 2020 causó en España más de 80.000 fallecimientos, y a finales del año 2021 la cifra de fallecidos, confirmados mediante prueba PCR, alcanzó la cifra aproximada de 100.000.
A finales de 2023, se contabiliza la cifra de 13.914. 811 casos de COVID-19 confirmados, 154.490 fallecidos y 13.762.417 recuperados del virus, siendo la gran mayoría de las personas fallecidas mayores de 60 años (147.632), todo ello a pesar de los sucesivos confinamientos y restricciones a las que fue sometida la población española.
Si la cifra de fallecidos no fue mayor se debió a la heroica actuación del personal sanitario, que desde el primer día combatió con ahínco la pandemia, en primera línea, a pesar de la falta de medios materiales, y su sacrifico en el desarrollo de su actuación sanitaria, durante la pandemia, ha sido reconocida con distintos homenajes y distinciones.
Por el contrario la nefasta actuación de una parte de la clase política ha acabado en los Tribunales, y así el 14 de julio de 2021 el Tribunal Constitucional sentenció por seis votos contra cinco que el estado de alarma decretado por el Gobierno en marzo de 2020 fue inconstitucional porque para ordenar el confinamiento de la población se tendría que haber declarado el estado de excepción.
El 27 de octubre de 2021 nuevamente el Tribunal Constitucional volvió a fallar contra la estrategia jurídica del Gobierno de Pedro Sánchez, declarando inconstitucional el segundo estado de alarma por la falta de control parlamentario sobre el Ejecutivo y la denominada cogobernanza, al haberse delegado competencias exclusivas del Gobierno central a las Comunidades Autónomas sin consentimiento expreso del Congreso de los Diputados y del Senado.
En 2024, se comenzó la investigación de la Operación Delorme en torno a Koldo García Izaguirre, un asesor y chófer y José Luis Ábalos, entonces ministro de Fomento, por corrupción al formar parte de una presunta organización criminal para lucrarse con nueve contratos públicos de compra de mascarillas, valorados en 54 millones de euros.
Respecto al alto número de fallecidos en residencias madrileñas, la Audiencia de Madrid reabrió en 2023 una investigación contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y sus consejeros de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero; y de Justicia e Interior, Enrique López, sobre responsabilidad penal en la muerte de siete mayores en una residencia del distrito de Ciudad Lineal al no ser derivados al hospital durante la pandemia, y en 2024 se realizó una macro denuncia contra el gobierno de Ayuso ante la Fiscalía realizada por 109 familias de los fallecidos en geriátricos de la región.
La pandemia, agravada por la mala gestión de alguna parte de la clase política como se ha visto, además de producir la pérdida de vidas humanas y los confinamientos, provocó en España un gran quebranto económico.
El Gobierno de Pedro Sánchez se vio abocado a solicitar ayuda a la Unión Europea, para lo cual redactó el documento denominado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el 27 de abril de 2021 y por la Comisión Europea el 16 de junio de 2021.
PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA
El Plan de Recuperación preveía la movilización de más de 140.000 millones de euros de inversión pública hasta 2026, con una fuerte concentración de las inversiones y reformas en la primera fase del Plan Next Generation de la Unión Europea (periodo 2021-2023), con el fin de impulsar la recuperación y lograr un máximo impacto contra cíclico.
El Plan proporciona un mayor grado de detalle para la primera fase de movilización de los casi 70.000 millones de euros de transferencias del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia europeo.
La programación inicial se complementará con el recurso a los créditos previstos en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, principalmente para financiar instrumentos financieros en los primeros años y para financiar la continuación de los programas de inversión más allá de 2023.
El Plan contenía cuatro ejes transversales que vertebraban todas las palancas y componentes y estaban plenamente alineados con los que establecía el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia:
- La transición ecológica.
- La transformación digital.
- La cohesión social y territorial.
- La igualdad de género.
Estos cuatro ejes se proyectaban en 10 políticas palanca, de gran capacidad de arrastre sobre la actividad y el empleo ya en la primera fase del Plan, con el horizonte 2023, y la segunda palanca se refería Infraestructuras y ecosistemas resilientes, con una inversión para su desarrollo de 1642 Millones de euros, e incluía 3 componentes, siendo el primero de ellos Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad.
El objetivo prioritario de la Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad era alcanzar un buen estado de conservación de los ecosistemas, mediante su restauración ecológica cuando sea necesaria, y revertir la pérdida de biodiversidad, garantizando un uso sostenible de los recursos naturales y la preservación y mejora de sus servicios ecosistémicos.
En España su situación biogeográfica y la geomorfología hacen que sea particularmente vulnerable a los efectos adversos del cambio climático, tanto directo como indirecto, debiendo abordarse tanto con medidas de adaptación de los ecosistemas como de prevención de sus efectos, en particular los incendios forestales.
Para ello se necesita una gestión forestal sostenible, por la cual se debe actualizar y revisar la Estrategia Forestal Española de 1999 y el Plan Forestal Español 2002 – 2032, desarrollando un paquete de medidas de impulso al sector forestal por su papel preponderante en la dinamización económica y social de amplias zonas rurales con graves problemas de despoblación.
Las inversiones para la gestión forestal sostenible se plantean mediante:
- Planes de soporte técnico a los propietarios y administraciones forestales para la consolidación de la propiedad pública, y la redacción de proyectos de ordenación o planes de gestión y sus revisiones, así como su aplicación.
- Línea de actuación sobre el reto demográfico, para luchar contra la despoblación y garantizar la cohesión territorial y social.
- Un especial esfuerzo en materia de defensa de los ecosistemas mediante la lucha contra incendios, por ser un elemento especialmente importante en nuestro país.
PLAN FORESTAL ESPAÑOL 2022-2032
La Ley de Montes 21/2015, de 20 de julio, establece la Estrategia Forestal Española como documento de referencia para establecer la política forestal española y al Plan Forestal Español como el instrumento de planificación a largo plazo de la política forestal española desarrollada por la Estrategia Forestal Española.
Al objeto de respetar la estructura establecida por la Estrategia Forestal Española, el Plan Forestal Español se articula en los mismos Ejes estratégicos de intervención (5) y en las mismas Líneas de Acción (25) planteadas en aquel documento estratégico.
Dentro del Eje II. Prevención y adaptación de los montes ante el cambio climático y otros riesgos existe una línea de actuación 3 Cooperación y coordinación en la gestión de incendios forestales, con 25 medidas para su implementación.
Las medidas que se describen, a continuación, son las más importantes para el caso que nos ocupa:
- Modernización, por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfica (MITECO), del Centro de Coordinación de la Información Nacional sobre Incendios Forestales (CCINIF) para mejorar las capacidades organizativas, interoperativas y técnicas para atender los Grandes Incendios Forestales.
- Directrices y criterios para la definición de las zonas de alto riesgo de incendio forestal, establecidos en la Ley de Montes, con el objetivo de facilitar la declaración de zonas de alto riesgo de incendio.
- Elaboración de una herramienta de zonificación de riesgo de incendios forestales, por parte del MITECO a partir de la información suministrada por las Comunidades Autónomas (CC AA) y otros datos disponibles, como elemento directriz e instrumento para la toma de decisiones operativas de las actuaciones de las Administraciones Públicas en la prevención, vigilancia y extinción de los incendios forestales.
- Refuerzo de mecanismos de colaboración con la administración judicial, por parte del MITECO y de las CC AA para la investigación criminal e identificación de los responsables de incendios forestales.
- Establecimiento de Acuerdos Marco de ámbito estatal para la contratación de servicios y suministros de extinción (materiales, bienes y equipos) por las diferentes administraciones, para una asignación más eficiente de las inversiones públicas.
- Realización de simulacros experimentales de emergencia, organizando acciones de respuesta coordinada que involucren a los diferentes agentes del territorio (administraciones central y autonómica, municipios, propietarios, sociedad civil).
- Desarrollo de las directrices y criterios comunes, por parte del MITECO, para la elaboración de los planes anuales para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales, con la participación de las CC. AA.
- Elaboración de planes anuales autonómicos para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales.
- Elaboración de programas de intervención social, en zonas con alta recurrencia de incendios, adaptados a las circunstancias sociales y económicas de cada territorio.
- Renovación y modernización paulatina de la flota de medios aéreos, incluyendo, en su caso, los aviones anfibios, para mantener la operatividad y eficacia en la extinción de incendios forestales.
- Elaboración por parte del MITECO, en colaboración con las CC. AA. y el IGN, de cartografía básica sobre aspectos clave para la gestión de los incendios forestales, como bases aéreas, infraestructuras de defensa y áreas de gestión, zonas de alto riesgo de incendios, vulnerabilidad ecológica y socioeconómica o modelos combustibles, entre otras.
- Mantenimiento durante todo el año de los dispositivos de medios para la lucha contra incendios forestales en labores de prevención, vigilancia y extinción.
- Ejecución y mantenimiento de actuaciones e infraestructuras para la gestión de incendios forestales priorizando aquellas zonas identificadas como de alto riesgo.
- Desarrollo de campañas continuas y cíclicas de sensibilización y concienciación social destinadas a la población general, administraciones públicas y a diferentes colectivos.
- Desarrollo de medidas en favor de la ganadería extensiva para reforzar su función como aprovechamiento forestal en el marco de la prevención de incendios forestales.
- Elaboración de una estrategia de apoyo a la ganadería extensiva y al pastoralismo, integrando una política para la prevención de incendios, para la conservación del patrimonio natural, para la producción de alimentos y materias de calidad, y para la generación de puestos de trabajo en el medio rural.
- Impulsar la suscripción de seguros por parte de las explotaciones forestales contra incendios o catástrofes naturales en el marco del Plan Anual de Seguros Agrarios.
CONCLUSIONES
En esta primera parte del articulo hemos confirmado que el suceso o hecho ESPAÑA ARDE es una realidad por desgracia, y que existen INSTRUMENTOS para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales.
En la segunda y última parte del artículo vamos analizar cómo es posible que existiendo los instrumentos, indicados con anterioridad, se haya producido la tragedia humana y material provocada por los incendios forestales, y en quienes recae la responsabilidad de dicha tragedia.
