La Comunitat Valenciana reduce los delitos tradicionales pero sufre un aumento preocupante de la cibercriminalidad
El último Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, correspondiente al segundo trimestre de 2025, dibuja una radiografía clara de la seguridad en la Comunitat Valenciana: menos delitos en la calle, más fraudes en internet.
En total, entre enero y junio se registraron 140.747 infracciones penales, lo que supone un leve descenso del 0,4% respecto al mismo periodo de 2024. Sin embargo, la cibercriminalidad creció un 12,9%, consolidándose como una de las principales amenazas para ciudadanos y empresas.
Valencia: menos robos, más fraudes online
La provincia de Valencia cerró el semestre con 73.300 delitos (-3,2%). Bajaron de forma notable los robos en domicilios (-21,7%) y los homicidios consumados (11 frente a 27 en 2024). Pero la cibercriminalidad se disparó un 13,3%, con 14.297 casos, en su mayoría estafas cometidas a través de internet.
Alicante: suben los robos en viviendas
En Alicante se registraron 53.330 delitos (+4,7%), con un repunte de los robos en domicilios (+10,8%) y un aumento llamativo de los secuestros (de 2 a 5 casos). La cibercriminalidad avanzó un 9,5%, alcanzando los 9.676 hechos, lo que convierte a la provincia en una de las más afectadas por fraudes digitales en la Comunitat.
Castellón: caída general, salvo en ciberdelitos que se disparan
La provincia de Castellón experimentó un descenso del 3,5% en su criminalidad total, hasta 14.117 delitos. Bajaron los robos en domicilios (-23,8%) y las sustracciones de vehículos (-12,8%). No obstante, los ciberdelitos crecieron un 24,5%, con 2.688 infracciones, siendo el territorio valenciano con mayor incremento relativo en este ámbito.
Una tendencia clara
En conjunto, la Comunitat Valenciana registró 26.661 ciberdelitos en seis meses: 22.789 estafas (+10,7%) y 3.872 otros ciberdelitos (+27,6%). Mientras tanto, los hurtos (-2,4%) y los robos en domicilios (-9,7%) siguen a la baja.
La conclusión es nítida: la delincuencia tradicional retrocede, pero la delincuencia digital avanza con fuerza, lo que obliga a redoblar la vigilancia y la educación en ciberseguridad para frenar un fenómeno que golpea de lleno a los hogares valencianos.Lo verdaderamente alarmante es la velocidad con la que crece la cibercriminalidad en la Comunitat Valenciana. Mientras las calles parecen más seguras, internet se ha convertido en un terreno cada vez más hostil, donde bandas organizadas actúan con impunidad y miles de ciudadanos caen víctimas de fraudes cada día. El problema no es solo estadístico, es estructural: falta prevención, falta apoyo a las víctimas y, sobre todo, falta voluntad política.
Las cifras del Ministerio del Interior son claras: más de 26.600 ciberdelitos en apenas seis meses. Es decir, cada hora se cometen en la Comunitat más de 145 delitos a través de internet. Y la mayoría de las veces, las víctimas no encuentran ni respuesta rápida, ni asesoramiento, ni mecanismos de compensación. Muchas denuncias se quedan en un cajón porque la capacidad policial está desbordada y las investigaciones requieren recursos tecnológicos que no siempre existen.
Frente a esta realidad, la actitud de las instituciones valencianas es preocupante. Se celebran los descensos en los robos físicos, pero se silencia el desbocado crecimiento del fraude online, como si se tratara de un problema menor. Nada más lejos de la realidad: perder los ahorros de toda una vida en una estafa digital es tan devastador como sufrir un robo en el domicilio, y sin embargo, la protección jurídica y política sigue siendo débil.
La desidia política en la comunidad valenciana no solo se traduce en falta de medios, sino en ausencia de una estrategia integral. No hay campañas de concienciación a gran escala, no se fomenta la educación digital en colegios y centros de mayores, y tampoco se impulsa la colaboración real entre sector privado, banca, plataformas digitales y Fuerzas de Seguridad. Cada actor va por su lado, mientras los delincuentes se organizan cada vez mejor y con alcance internacional.
La Comunitat Valenciana no puede permitirse seguir en este rumbo. Si la tendencia continúa, en pocos años la cibercriminalidad no será solo una parte del problema: será el problema. Y entonces ya no servirá lamentarse. Hace falta acción política decidida, recursos especializados y un compromiso real de protección al ciudadano. Porque en 2025, lo que está en juego no es solo la seguridad digital: es la confianza misma en nuestras instituciones y en la capacidad del Estado de defender a los más vulnerables frente a un enemigo invisible pero cada día más poderoso.
