La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de “demonizar el sector turístico” y “anunciar medidas electoralistas, pero de dudosa viabilidad”, cuando, el pasado domingo, aseguró que se darían de baja 53.000 “viviendas ilegales” de uso turístico, 7.499 de ellas en la Comunitat Valenciana, para “convertirlas al régimen de alquiler permanente. Se trata de un ataque inaudito contra la propiedad privada. ¿Cómo va a obligar el Gobierno al propietario de un inmueble a que haga lo que él quiera?”, se ha preguntado Cano.
“Este Consell estará siempre a favor de la regulación turística, pero este tipo de anuncios arbitrarios del presidente son un claro brindis al sol que, además, crean expectativas falsas sobre un problema muy real: la falta de vivienda producto de la inseguridad jurídica que crean las políticas de este Gobierno”, ha destacado.
Cano ha recordado al Gobierno de España que las competencias en materia de vivienda turística “son autonómicas” y, sin embargo, el Ejecutivo central está anunciando “medidas en base a una norma estatal, el Registro Único de Viviendas, que está recurrida en los tribunales por varias autonomías por invasión de competencias. Cuando se califica esas viviendas de ilegales se hace en base a una regulación que ha sido cuestionada de manera reiterada incluso por informes contrarios del Consejo de Estado”, ha agregado.
Así, ha lamentado que se tomen decisiones “sin ningún tipo de consenso con las entidades competentes en la materia” y que “los anuncios tengan como objetivo apropiarse de los logros que autonomías como la valenciana están realizando en vivienda y turismo reglado”.
En este sentido, ha recordado que la Comunitat Valenciana ha impulsado una nueva norma autonómica que este verano ha cumplido un año y que ha permitido “llegar a acuerdos con ayuntamientos para perseguir la economía sumergida en el turismo, cediendo la recaudación de las sanciones a las entidades locales”, y que ciudades como València, Benidorm o ahora Torrevieja han decidido asumir esa gestión.
También se ha avanzado en la depuración del registro autonómico de viviendas turísticas, que con Gobiernos anteriores se había dejado crecer hasta superar los 100.000 pisos, y ya se han dado de baja más de 18.000 inscritos que no contaban con la documentación esencial. También se ha reforzado la seguridad para comunidades de vecinos y arrendatarios, con facilidades para echar a inquilinos molestos. “Estamos trabajando de la mano del sector para tener un turismo más ordenado y justo para todos, y el Gobierno de España pretende apropiarse de los éxitos de otras administraciones con una norma de dudosa legalidad”, ha dicho.
Inseguridad jurídica
Para Cano, el Gobierno de España lleva años utilizando el turismo como chivo expiatorio de sus problemas: “El presidente prometió el año pasado crear 43.000 viviendas de alquiler asequible y, a día de hoy, lo único que sabemos es que cada vez hay más pisos vacíos porque los propietarios no quieren arrendarlos por inseguridad jurídica”.
“La vivienda turística no puede ser el principal problema de la vivienda cuando supone menos de un 2 % del parque total de la Comunitat Valenciana, mientras los últimos datos de la Agencia Tributaria nos revelan que una de cada tres casas en la región, casi 760.000 inmuebles, están vacíos o a disposición para alquilar”, ha explicado.
Por todo ello, Cano ha pedido al Gobierno de España que “deje de demonizar una de las principales actividades económicas para la Comunitat Valenciana”, que “genera más de 300.000 empleos y más del 16 % del PIB” y “se ponga a trabajar para garantizar que cumple sus funciones en el ámbito de sus competencias, pero siempre desde la lealtad institucional y el diálogo con las comunidades autónomas”.
