Si se mantiene la propuesta de actualización preparada por el Gobierno de España, el impacto socioeconómico derivado del incremento de los caudales ecológicos establecidos en el Plan Hidrológico del Tajo (2022-2027) y de las nuevas reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura provocaría una considerable reducción de los volúmenes medios trasvasados, en particular para el regadío en un 50% y, al mismo tiempo, registraría un aumento de las existencias embalsadas en Entrepeñas y Buendía.
Según la página web de a Federación de Comunidades de Regantes de la Comunidad Valenciana (FECOREVA) esto tendría un efecto especialmente negativo sobre las provincias receptoras: Alicante, Murcia y Almería. Se estima que la implantación plena del régimen de caudales ecológicos y las modificaciones en las reglas del trasvase reducirían significativamente los volúmenes de agua disponibles para el regadío, lo que supondría una pérdida patrimonial total de 5.692 millones de euros, afectando a más de 27.000 hectáreas de regadío y ocasionando la destrucción de más de 15.000 empleos.
Concretamente en la provincia de Alicante, los efectos económicos sobre las explotaciones agrícolas ascenderían hasta una reducción de la producción estimada de casi 61 millones de euros y una pérdida de empleo calculada en algo más de unos 1.700 puestos de trabajo.
Por todo ello, ante los cambios anunciados que afectarán al Trasvase Tajo-Segura, FECOREVA requiere al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que adopte cuantas decisiones y medidas jurídico-administrativas sean necesarias para asegurar el mantenimiento del trasvase en su situación actual, la continuidad de su régimen jurídico y jerarquía normativa de las leyes que lo sustentan y garantice que los volúmenes medios trasvasados no sufran reducción alguna en el futuro y así evitar las enormes pérdidas económicas, de producción y de empleo agrícola que en caso contrario se provocarían.
