El ingeniero de caminos, canales y puertos Andrés Romera ha advertido de la necesidad urgente de rediseñar las infraestructuras hidráulicas para afrontar episodios de lluvias extremas cada vez más frecuentes en la cuenca mediterránea. Según explicó, “muchas veces no se han calculado las obras con retorno de cada 500 años, y como se han diseñado a cada 25, estos temporales extraordinarios nos demuestran que nuestras infraestructuras se deben redimensionar para que actúen correctamente”.
Romera fue especialmente crítico con la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), al señalar que “parece que viva en otro planeta porque ha generado un plan de inundaciones casi 9 meses después de la tragedia, siendo 450 millones de inversión que no se van a aplicar hasta dentro de un tiempo y que al mismo tiempo no tienen tiempo de intervención”.
El ingeniero también denunció la falta de coordinación institucional, recordando que los ayuntamientos no tienen competencias directas para actuar en los cauces: “En estos cauces deben intervenir las confederaciones y los ayuntamientos no pueden actuar por su cuenta porque encima los pueden multar. Hemos visto actuaciones de los alcaldes dentro de su casco urbano para minimizar la llegada del agua porque los organismos estatales no están interviniendo en los barrancos”.
Respecto al urbanismo en la cuenca mediterránea, Romera reconoció que se arrastran errores históricos difíciles de revertir: “Muchas poblaciones están construidas en todo aquel territorio que se ha podido por la gran afluencia de población. Ahora no podemos quitar todas esas viviendas, sino que se debe asumir los errores del pasado y actuar de forma rápida ante ese problema”.
Por último, apuntó a la necesidad de reforzar tanto la red de alcantarillado como la capacidad de evacuación aguas abajo: “Nos preocupaba el ritmo de limpiezas de la red de alcantarillado porque ese sistema no estaba preparado para albergar esa cantidad de lodo que soportó, pero se debe dar una mayor capacidad aguas abajo para que no se pueda colapsar”.
Con estas declaraciones, Romera plantea un debate clave: la urgencia de adaptar las infraestructuras a fenómenos climáticos cada vez más extremos y de establecer una coordinación real entre administraciones para proteger a la ciudadanía y minimizar los daños en futuras emergencias.
