La Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunidad Valenciana ha emitido un durísimo comunicado en el que acusa directamente a la Conselleria* competente de impulsar una política deliberada cuyo objetivo es «convertir el Servicio Público del Taxi en algo barato, inseguro y poco profesional» para justificar la entrada y la necesidad de las multinacionales de Vehículos de Transporte con Conductor (VTC). En septiembre ya arremetieron contra la Conselleria (sin mencionar el nombre ni el responsable)
El sector, mayoritario en la autonomía, afirma que las acciones y omisiones de la Administración valenciana responden a un plan orquestado que busca el «fin del modelo de taxi como servicio público de interés general» para sustituirlo por un «modelo empresarial privado de taxis y VTC». La Junta Directiva de la Confederación no solo ha denunciado la estrategia política, sino que ha elevado el tono al sugerir la existencia de «reuniones clandestinas» y ha cuestionado la legalidad de las concesiones con preguntas retóricas sobre «cuantos maletines estarán cambiando de manos» en referencia a las «irregularidades» que, aseguran, permiten a ciertas empresas conseguir «millones de euros».
La Confederación detalla una serie de «señales» que, a su juicio, evidencian esta supuesta estrategia de privatización y desregulación. Entre ellas, destacan una política activa de reducción de tarifas cuyo efecto es «reducir la sostenibilidad del servicio al máximo». Paralelamente, critican que se esté produciendo una reducción de la oferta del transporte colectivo justo en los momentos de máxima demanda, un vacío aprovechado para crear la narrativa, repetida por la prensa «cercana a partidos políticos y empresas», de que «faltan taxis». El sector autónomo centra gran parte de su crítica en la concesión masiva e irregular de licencias VTC. Afirman que la Conselleria está concediendo cientos de VTC sin cumplir requisitos esenciales y aseguran poseer sentencias judiciales que demuestran estas irregularidades.
A esto se suma la opacidad, ya que la Confederación denuncia que no recibe la información de las resoluciones de concesiones ni el borrador del Decreto Ley que se está preparando, limitando su capacidad de fiscalización. Los taxistas se preguntan públicamente «cuántas sentencias son necesarias para que la Conselleria incoe expedientes sancionadores a las multinacionales por incumplir las normas», sugiriendo una inacción deliberada. Otra tendencia preocupante es la supuesta intención de cambiar el modelo de Taxi Autónomo por un modelo empresarial a través de la acumulación de licencias, una tesis reforzada por el anuncio de un «empresario conocido de VTC» de crear una nueva asociación (MOVVA) que pide abiertamente la acumulación y desregulación del taxi. Para la Confederación, todo esto demuestra que la «política y los movimientos empresariales van de la mano».
El comunicado finaliza con una advertencia a sus compañeros, instándoles a «prepararse para luchar» contra esta política y evitar dejarlo todo «en manos de las multinacionales». Además, la Confederación advierte a la Administración de que si finalmente se impone la política de privatización, el sector pedirá indemnizaciones y «seguirá el rastro de las irregularidades para hacérselo pagar a los responsables», sugiriendo futuras acciones legales por la vía judicial.
El comunicado de la Confederación no menciona el nombre del departamento competente: la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio que dirige Vicente Martínez Mus, que en septiembre ya se pronunció sobre este asunto en los micrófonos de Intercafé.
