Ante la reciente activación de diversas comisiones de investigación parlamentarias, como la encargada de la gestión de la dana, ‘Operación Cataluña’ o la covid, es crucial entender el papel y el alcance real de estos órganos. Las comisiones de investigación son herramientas de carácter temporal en el Congreso de los Diputados, diseñadas para indagar cualquier asunto de interés público. Pueden ser propuestas por el Gobierno, la Mesa, dos grupos parlamentarios o un quinto de los miembros de la Cámara.
Una vez que se aprueba su creación, la Mesa del Congreso fija el número de miembros, y cada grupo parlamentario designa a sus diputados, reflejando el peso de cada formación en el hemiciclo. Su duración se extiende hasta que completan el trabajo asignado o hasta el final de la legislatura.
El punto clave que las dota de un gran peso político es la potestad para solicitar la asistencia obligatoria de cualquier persona. Esto significa que la Cámara Baja tiene la capacidad de convocar a ciudadanos y funcionarios—incluidos altos cargos—para que testifiquen.
Resultados no vinculantes
A pesar de su capacidad para convocar obligatoriamente, los resultados de las comisiones de investigación no son vinculantes para un tribunal de justicia. Sus decisiones se toman por voto ponderado, donde el peso del voto de cada diputado corresponde al tamaño de su grupo parlamentario.
No obstante, su impacto político y potencial legal es significativo: una vez finalizado el trabajo, el órgano redacta un dictamen que se debate en el Pleno. Si la comisión lo considera oportuno, puede remitir sus conclusiones directamente al Gobierno y, crucialmente, la Mesa del Congreso tiene la facultad de enviar el informe al Ministerio Fiscal si se detecta indicio de delito, abriendo la puerta a posibles acciones judiciales derivadas de la investigación.
