El ingeniero de caminos, canales y puertos Andrés Romera ha advertido de la necesidad urgente de priorizar las actuaciones más críticas del plan de resiliencia hídrica, reclamando que estas comiencen en 2026 y no queden relegadas dentro de un plan “quinquenal sin previsión”.
Romera ha explicado que los procesos de información pública permiten que “particulares y entidades puedan presentar enmiendas”, aunque ha matizado que estas “se tienen en cuenta o no, según el criterio final”. En este contexto, ha señalado que se han ampliado algunas partidas presupuestarias con vistas al inicio de actuaciones en 2026, pero ha alertado de que “el cronograma siempre tiene un principio, pero no fija el final”, lo que genera incertidumbre sobre la ejecución real de las obras.
El ingeniero ha sido especialmente crítico con la falta de coordinación administrativa, señalando que “el problema de este país es la burocracia, porque las competencias se diversifican y no se coordinan”. En su opinión, las actuaciones deben plantearse de forma global para toda la cuenca hidrográfica, bajo la dirección de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), “y no limitarse únicamente a las zonas afectadas por la DANA, ya que la realidad demuestra que muchas otras áreas pueden verse comprometidas”.
Romera ha advertido que el actual plan de resiliencia no está actuando de forma coordinada, señalando que “se prevé gastar fondos en cartografías que ya ha desarrollado la Generalitat”, un ejemplo de la duplicidad de esfuerzos entre administraciones.
Asimismo, ha reivindicado la importancia del Plan Hidrológico Nacional como herramienta clave para afrontar los retos presentes y futuros:“El Plan Hidrológico Nacional es la solución a través de la que podemos actuar. No sirve de nada carecer de una acción conjunta, porque no podemos ir por delante de la realidad que tenemos”, ha afirmado.
Por último, Romera ha subrayado la necesidad de claridad en las ayudas públicas, que actualmente se reparten entre los niveles estatal, autonómico y municipal, reclamando “una información clara que permita decidir cuál se adapta mejor a cada caso”. “La dispersión y la falta de comunicación entre administraciones generan confusión y ralentizan la respuesta ante los problemas reales del territorio”, ha concluido.
