El pulso por el futuro de la energía nuclear en España vivió un momento de alta tensión en el Congreso de los Diputados, donde la alianza de Gobierno, junto a sus socios y una abstención clave, consiguió mantener intacto el calendario de cierre escalonado para las primeras plantas del parque nuclear nacional. El calendario, establecido por una Orden Ministerial de 2020, mantiene la fecha de cese de las unidades I y II de Almaraz (2027 y 2028), Ascó I (finales de 2030) y Cofrentes (noviembre de 2030).
La votación se saldó con la derrota de la enmienda propuesta por el Partido Popular, la cual buscaba suprimir el apartado de la Orden TED/773/2020 que fijaba estas fechas de clausura. La suma de los 172 votos en contra del bloque de investidura, frente a los 171 a favor, y la sorprendente abstención de Junts, selló el resultado. La enmienda, que había sido previamente ratificada por el PP en el Senado, no logró incorporarse a la crucial Ley de Movilidad Sostenible.
Esta decisión, no obstante, no implica un cierre inamovible de las centrales. La clave recae ahora en el Ejecutivo y, específicamente, en el Ministerio para la Transición Ecológica, que es el órgano competente para decidir sobre la licencia de prórroga, como la solicitada ya por las empresas propietarias (Iberdrola, Endesa y Naturgy) para Almaraz. Esta decisión ministerial, esperada tras el informe técnico del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) previsto para primavera, es el verdadero termómetro del futuro nuclear español.
El debate se inscribe en un contexto de precampaña para las elecciones en Extremadura, donde el PSOE se ha mostrado favorable a la continuidad de Almaraz por los 4.000 empleos que genera y su importancia como mayor industria de la región. Sin embargo, en el Congreso, los socialistas votaron en contra de la enmienda que habría dado aire a esa prórroga. Este movimiento político se produce a pesar de que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha manifestado recientemente su disposición a estudiar la ampliación de la vida útil de las plantas, siempre que se garantice su seguridad y sin exigencias de reducción de impuestos por parte de las propietarias.
Empleos en juego
La tensión sobre la desconexión se amplifica con advertencias sobre el impacto económico regional. Un informe de la Cámara de Comercio de Valencia publicado en abril de este año concluye que el cierre programado de la Central Nuclear de Cofrentes, en 2030, «pondría en grave peligro de colapso el modelo industrial valenciano». El propio presidente de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, exigió la continuidad de las instalaciones. La Cámara valenciana argumenta que la nuclear es la fuente de energía más segura y que las renovables serían insuficientes para cubrir la demanda actual. Según sus estimaciones, el cese afectaría a unas 12.000 empresas y 235.000 empleos de manera indirecta, y frenaría la implantación de cerca de cuarenta mil locales empresariales en una década. El presidente de la Cámara, José Vicente Morata, ha reclamado a las autoridades «no poner en riesgo el actual y futuro modelo industrial» de la región.
La batalla por la Ley de Movilidad Sostenible, vital para la recepción de 10.000 millones de euros de fondos europeos, se convirtió en el escenario de esta disputa energética. La abstención de Junts fue especialmente significativa: a pesar de su reciente distanciamiento del Ejecutivo, el partido independentista optó por no apoyar una iniciativa del PP que afectaba directamente a las centrales nucleares en Cataluña, fundamentales para el suministro de energía en la comunidad autónoma. La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, acusó a los populares de haber planteado el problema de las nucleares sin diálogo, asegurando que la acción del partido no supone un cambio en su tensa relación con el Gobierno.
Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica defendieron que la enmienda rechazada era innecesaria y creaba «ruido y confusión», ya que la orden ministerial existente «no impide que las empresas interesen una posible ampliación del plazo», como ha sucedido con Almaraz. El Gobierno subraya que la vía legal para una prórroga siempre ha dependido de la solicitud formal de las empresas y del informe preceptivo y vinculante del Consejo de Seguridad Nuclear, no de la supresión de una fecha en una orden ministerial. El futuro del parque nuclear, por tanto, sigue en manos de la seguridad técnica y de la decisión política final del Ministerio.
En un comunicado, el PP de la Comunitat ha mostrado su malestar por esta decisión. Así, el portavoz de industria del GPP, en las Cortes Valencianas, Salvador Aguilella, señala que “la insistencia del Gobierno en cerrar las nucleares pone en riesgo miles de empleos, la seguridad energética y precios competitivos para familias y empresas”. Para el diputado, “hoy es un mal día para los valencianos, especialmente para los de la comarca del Valle de Cofrentes-Ayora. El cierre nuclear es el mayor triunfo de la estupidez ideológica… y lo pagaremos todos, también los votantes de los socios de Sánchez”.
Para Aguilella, “las decisiones basadas solo en ideología provocan apagones, paro y pobreza. Estamos ante un suicidio energético que el PP quiere evitar prorrogando la energía nuclear como complemento indispensable a las renovables. Estamos a favor de los valencianos, de Cofrentes, de asegurar un suministro eléctrico estable, de reducir la factura de la luz y contribuir activamente a la reducción de emisiones de CO2. El cierre supondrá una mayor dependencia del gas, más emisiones, y más costes para todos”.
